Una cámara ordenó repetir una audiencia contra tres mandos del Ejército y ocho civiles acusados de amenazar a víctimas de tortura y ligados a un grupo de exterminio, informó hoy la Fiscalía.
La fuente explicó que la Cámara Especializada de lo Penal anuló un fallo en el que un tribunal antimafia absolvió en febrero pasado a los imputados de los cargos de «falsedad ideológica, proposición y conspiración en el delito de homicidio y denuncia calumniosa».
Detalló que el Juzgado especializado de Instrucción «B» solo mantuvo el proceso en etapa de instrucción contra los coroneles Héctor Cáceres y David Montalvo, y el teniente coronel Leonel Sermeño por el delito de agrupaciones ilícitas, que enfrentan en libertad.
De acuerdo con el ente fiscal, los jefes militares «amedrentaron» a dos jóvenes para que no declararán en contra de 8 uniformados que los torturaron y en el que los militares fueron condenados a 14 años de prisión en 2017.
El juzgado antimafia señaló en su resolución que la Fiscalía había «presentado tarde las pruebas» y que había excedido el periodo autorizado para intervenir las comunicaciones de los imputados, pero la corte colegiada le ordenó que admita «toda la prueba presentada».
Según la prensa local, que cita fuentes de la Fiscalía, entre las pruebas presentadas en este caso existen grabaciones de conversaciones telefónicas en las que los militares se vinculan con un grupo de exterminio en el Batallón de Información Análisis del Ejército (BIAE) del Ejército.
Tras la detención de los militares, el pasado 20 de febrero, el ministro de la Defensa,David Munguía Payés, negó la existencia al interior del Ejército de grupos encabezados por altos mandos que se dedican al exterminio de pandilleros.
«No estamos aquí para expresar que los militares somos intocables, estamos aquí para negar enfáticamente la existencia dentro de la institución de grupos de exterminio y la complacencia de los mandos militares a estos grupos ilegales», sostuvo en una conferencia de prensa, en la que criticó fuertemente a la Fiscalía.
Este caso salió a la luz pública a poco menos de un mes de concluida la visita de la relatora de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, quien denunció la existencia de un patrón de asesinatos extralegales en los cuerpos de seguridad.
«Estoy hablando de un patrón de conducta que llega a ser de ejecuciones extrajudiciales y de abuso de fuerza», subrayó en una conferencia de prensa Callamard el pasado 5 de febrero en la sede de la ONU en El Salvador