El juez Cuarto de Instrucción de San Salvador envió este miércoles a juicio al expresidente Elías Antonio Saca y a otros colaboradores cercanos de su gobierno, a quienes se les acusa de malversar más de 300 millones de dólares del erario público.
Además de Saca, afrontarán el proceso proceso sus exsecretarios Privado, de Comunicaciones y de Juventud, Elmer Charlaix, Julio Rank y César Funes, respectivamente, a los que se suman Pablo Gómez, Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Alberto Herrera, quienes, según la Fiscalía ayudaron al exmandatario con la millonaria malversación.
La Fiscalía sostiene que Saca y los demás implicados operaban una estructura en el interior de la Presidencia que movió los más de 300 millones de dólares provenientes de cuentas corrientes institucionales del Tesoro Público de la Casa Presidencial y los trasladó a 14 cuentas personales de los funcionarios Charlaix, Rodríguez y Gómez, de las que posteriormente retiraron al 191 millones de dólares «en efectivo», como mecanismo utilizado para no dejar pistas.
Saca será así el segundo presidente que enfrente una vista pública por delitos de corrupción, luego que en 2015 el fallecido Francisco Flores fuera enviado a juicio por la malversación de $15 millones donados por el gobierno de Taiwán como contingencia para los afectados de los terremotos acaecidos en 2001.
El fallo fue emitido por el juez Rigoberto Chicas, quien admitió en su totalidad los elementos de prueba presentados por la fiscalía de la posible participación de los procesados en los delitos atribuidos. Durante los días que duró la audiencia preliminar, dicho juez negó el acceso a la prensa a conocer los alegatos de las partes, pese a que el caso no tiene reserva de ningún tipo.
Durante la audiencia judicial se pudo conocer testimonios que apuntaban a que varios funcionarios de la administración de Saca recibieron sobresueldos. Los siete procesados seguirán guardando prisión en un sector especial del penal La Esperanza (Mariona) y también continuarán las medidas cautelares contra sus patrimonios: embargos sobre los bienes e inmovilizaciones de cuentas.
Las investigaciones preliminares de la Fiscalía apuntaban a que el desfalco provocado por Saca y sus colaboradores ascendía a $240 millones, pero al avanzar el proceso se descubrió que el monto de lo defraudado sobrepasaba los $300 millones.
Previo que se abriera el proceso penal en su contra, Saca enfrentaba una causa civil por enriquecimiento ilícito, ya que el examen a su declaración de probidad arrojó un excedente injustificado de cerca de $8 millones, tanto de él como de su esposa Ana Ligia Mixco Sol De Saca, quien también enfrenta un proceso penal por delitos de corrupción, pero que goza de medidas sustitutivas al arresto.
Como parte del proceso penal, la Fiscalía ordenó congelar un importante número de cuentas bancarias, ligadas al matrimonio Saca Mixco. Dado que su período para ser procesado por enriquecimiento ilícito no vence sino hasta 2019, todavía puede ser condenado a devolver al Estado la cantidad que se determine que pudo haber adquirido ilícitamente.
El expresidente Saca enfrenta además otro proceso por sobornar a Ángela Iracema Avelar, una exfuncionaria judicial quien supuestamente le filtraba información vinculada con su proceso civil por enriquecimiento ilícito. Avelar Salinas es señalada de formar parte de una red de corrupción judicial que fue desbaratada en un operativo denominado “operación trances”.