El Ministerio de Cultura reafirmó su respaldo a la resolución de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural y la Dirección de Arqueología para la protección del sitio arqueológico Tacuscalco, en cuyos límites culturales la constructora Fénix desarrolla el proyecto “Urbanización Las Victorias”, al sur de la ciudad de Sonsonate.
Mediante un comunicado, la citada cartera de Estado dijo que en dicha resolución se estableció una Zona Protegida Integralmente y un Área de Influencia con base en la Ley Especial de Protección del Patrimonio Cultural de El Salvador y su reglamento, y al informe técnico del estudio arqueológico en el que se constató que los límites culturales de Tacuscalco se extienden más allá del área establecida en la declaratoria de Bien Cultural de 1997.
“La empresa Fénix, S. A. de C.V., además de haber iniciado la construcción de la urbanización sin los permisos correspondientes, no acató la resolución y en contravención a la misma continuó construyendo y destruyendo el patrimonio arqueológico; aunado a ello, demandó la legalidad de la Resolución ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo y solicitó la suspensión de los efectos de la misma, lo cual le fue denegado por dicho tribunal”, agregó.
Previo a esta medida, el Juzgado Ambiental de Santa Ana decretó —el 16 de abril de 2018— el cierre temporal de la construcción, debido a que la empresa no cuenta con el permiso del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) para desarrollar el proyecto.
“Como Ministerio de Cultura reiteramos nuestra postura de respeto a los debidos procesos, siempre en el marco de la institucionalidad y hacemos un llamado a todos los involucrados, así como a los sectores sociales, políticos y económicos a velar por el derecho de toda una sociedad a la conservación de su patrimonio cultural, un legado para las nuevas generaciones y su conexión con nuestra historia”, indicó.
Según una investigación de el periódico El Faro.net, Inversiones Fénix tiene profundos nexos con la también empresa constructora Salazar Romero. Los documentos del Registro de Comercio indican que Inversiones Fénix fue creada el 21 de marzo de 2014, con un capital de dos mil dólares, por el abogado Rodolfo Joaquín Recinos de León y el motorista Víctor Manuel Molina Chachagua. En los dos años siguientes, extrañamente, aumentaron las inversiones a $22.8 millones por proyectos inmobiliarios relacionados con la constructora Salazar Romero.
“El fundador y representante legal de Fénix, Recinos de León, contra quien la fiscalía solicitó el requerimiento, es uno de los abogados de Salazar Romero. En el 2014, él representó a Salazar Romero en un caso de robo que sufrió la compañía en Santa Ana; un año después, el abogado Recinos de León tramitó la desmembración de un terreno en el cantón Suchinango de Apopa, propiedad de Salazar Romero. Hasta el año 2015, el abogado Recinos de León consignaba como su dirección la misma dirección donde está ubicada la gerencia legal de Salazar Romero: una oficina ubicada en el kilómetro 19 y medio de la nueva autopista que conduce hacia el Boulevard Constitución, en Apopa. La oficina está en la Metrópoli San Gabriel Sur, un proyecto habitacional de Salazar Romero”, escribió El Faro.