El Banco Cuscatlán que hasta 2009 presidió Mauricio Samayoa habría omitido reportar operaciones sospechosas relacionadas con movimientos de efectivo realizados por personal de Casa Presidencial durante la administración de Elías Antonio Saca, según una investigación publicada esta semana por el periódico digital El Faro.
Dicho medio tuvo acceso a un expediente del caso que se le sigue a Saca y a otros seis funcionarios más por delitos de corrupción, en el cual aparece una entrevista a la exsecretaria personal de Mauricio Samayoa, quien admitió ante la Fiscalía una serie de movimientos sospechosos en la sede corporativa del banco, ubicada en el edificio conocido como “La Piramide” en la entrada a Santa Tecla.
Según la testigo, el contador del Secretario Privado durante la gestión Saca, Pablo Gómez, empezó a llegar a la oficina corporativa del banco a hacer retiros de efectivo por medio de cheques y meses después alternó esas transacciones con depósitos bancarios.
Los retiros que Gómez realizaba, agrega la testigo, eran por sumas de dinero tan fuertes que comprometían la liquidez de la sucursal del banco que estaba contiguo a “La Pirámide”.
La testigo empezó a notar que el presidente Samayoa ordenó que se tratara a Gómez como “cliente VIP”, aun cuando no tenía la apariencia de un gran empresario. Además señaló que era común que carros blindados salieran de la sede corporativa del banco, sacando ingentes cantidades de dinero.
Los movimientos bancarios de Pablo Gómez, uno de los implicados en el caso “destape a la corrupción” que incluye al expresidente Saca, empezaron a ser advertidos por la oficial del cumplimiento del banco, quien solicitó hablar con Mauricio Samayoa al respecto.
Días después la secretaria del presidente le pasó la instrucción a la oficial del cumplimiento, para que omitiera el reporte de operaciones sospechosas (ROS) que vinculaba a Gómez, y por ende, no comunicarlo ante las autoridades correspondientes.
Mauricio Samayoa falleció en Estados Unidos en 2015, envuelto en la controversia de también haber encubierto las operaciones sospechosas relacionadas con el movimiento de unos donativos que el gobierno de Taiwán realizó a El Salvador en 2002 para los afectados de los terremotos en 2001.
Estos donativos no llegaron a beneficiar a las víctimas y dichos cheques, a nombre del fallecido expresidente Francisco Flores, atravesaron el sistema bancario salvadoreño a través del Banco Cuscatlán y su filial en Costa Rica.
En una aclaración a El Faro, Banco Cuscatlán explicó que quienes encubrieron información fueron las autoridades del viejo Banco Cuscatlán, llamado así antes de que el banco CITI de capital norteamericano los absorbiera en 2008. No fue sino hasta 2016 que el Banco Cuscatlán recuperó su viejo nombre a través de la adquisición de los activos de CITI por parte del hondureño Grupo Terra, con lo cual vino una nueva directiva a encargarse de la entidad bancaria.
La testigo que reveló estos detalles a la Fiscalía reconoció haber trabajado para el banco hasta 2008, período en el que constata que solo la administración Saca realizó este tipo de operaciones.
Saca afrontará la vista pública en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador junto a sus exsecretarios Privado, de Comunicaciones y de Juventud, Elmer Charlaix, Julio Rank y César Funes, respectivamente, a los que se suman Francisco Rodríguez Arteaga, Jorge Alberto Herrera y Pablo Gómez, quien trabajaba directamente para Charlaix y realizaba las transacciones en el Banco Cuscatlán.
Todos ellos guardan prisión en un sector especial del penal La Esperanza (Mariona) desde enero de 2017. La Fiscalía sostiene que el expresidente y los demás implicados operaban una estructura en el interior de la Presidencia que movió los más de 300 millones de dólares provenientes de cuentas corrientes institucionales del Tesoro Público de la Casa Presidencial y los trasladó a 14 cuentas personales de los funcionarios Charlaix, Rodríguez y Gómez, de las que posteriormente retiraron 191 millones de dólares “en efectivo”, como mecanismo utilizado para no dejar pistas.