El juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador instaló este lunes audiencia preliminar contra el expresidente Elías Antonio Saca y otros colaboradores cercanos, a quienes se acusa de peculado, lavado de dinero y casos especiales de lavado de dinero.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha acusado a Saca de orquestar una gigantesca operación de lavado de dinero de la partida secreta, la cual se desviaba hacia cuentas de sus allegados y agencias de publicidad ligadas a estos. Con dicho entramado se habría desviado alrededor de $250 millones, de acuerdo con la entidad fiscal.
Los abogados del exgobernante dijeron que buscarán la suspensión de la diligencia judicial, bajo el alegato que la Fiscalía les está violando el derecho fundamental a la derecha material y técnica. Uno de los defensores declaró que desde diciembre pasado, la Fiscalía cuenta con evidencia que habría trasladado al Juzgado, apenas la semana pasada.
Agrega que entre las evidencias de la Fiscalía se encuentran pagos de servicios con fondos reservados de la presidencia y una serie de entrevistas a las que no han tenido acceso para analizarlas y así preparar su defensa.
Los juristas sostienen que no se ha demostrado que tanto Saca como sus allegados se enriquecieran ilícitamente y que el manejo que hicieron de los gastos reservados del Ejecutivo, fue el mismo que sus antecesores.
Saca ha esgrimido que la forma en cómo se manejaron dichos gastos emana de un decreto ejecutivo que respaldaba una partida de dinero para los gastos reservados, por ejemplo, para el funcionamiento del Organismo de Inteligencia (OIE).
Foto D1: Miguel Lémus.
Pero de acuerdo con la acusación fiscal, desde que el reglamento entró en vigencia, Saca firmó 60 cheques de la Cuenta Institucional Subsidiaria del Tesoro Público a nombre de Élmer Charláix Urquilla, entonces secretario privado de la Presidencia. Éste lo depositó en dos cuentas a su nombre: una en el Banco Agrícola y en el Banco Davivienda. Ese fue el primer desvío de fondos. Ascendía a casi 16 millones de dólares.
En el año 2006 ordenó a Francisco Rodríguez Arteaga, jefe de la Unidad Financiera Institucional (UFI) de la Presidencia, y a Pablo Gómez, técnico de la UFI, abrir 14 cuentas: el primero abrió diez y el segundo dos en los bancos Citibank e Hipotecario. Según la Fiscalía, entre los dos movieron 251 millones 297 mil 412 dólares.
Saca firmaba los cheques para Arteaga y Gómez. Ellos los depositaban en sus cuentas para posteriormente transferirlos a las cuentas de Saca, su esposa, sus empresas y a las de sus socios o amigos. Las empresas del exmandatario son: Promotora de Comunicaciones, Grupo Samix, Radiodifusión de El Salvador, Radiodifusión de Usulután y Stereo 94.1 FM.
Al respecto, los abogados de Saca señalaron que Arteaga y Gómez solo seguían órdenes de sus superiores, bajo el criterio de que los gastos reservados del Ejecutivo se habían manejado de la misma forma en gestiones anteriores.
Saca y otros funcionarios como el exsecretario privado Elmer Charlaix, el exsecretario de Comunicaciones Julio Rank y el expresidente de ANDA Cesar Funes, fueron capturados a finales de 2016. El proceso judicial en su contra ha tenido varias demoras causadas tanto por la parte fiscal como por la defensa de los acusados.
Los señalados guardan prisión desde enero de 2017 en el sector nueve del centro penal La Esperanza (Mariona), donde no sufren la misma condición de hacinamiento e insalubridad que el resto de los recluidos.
Algunos analistas cuestionan que dentro del proceso no estén acusados otros cercanos colaboradores de Saca como el exministro de Justicia y Seguridad, René Figueroa y Herbert Saca, primo del exmandatario y un personaje que gusta trabajar en las sombras como operador político.