Los ataques contra el Centro de Escuchas Telefónicas de la Fiscalía General de la República (FGR) se han intensificado en los últimos meses. Algunos consideran que eso se debe a la efectividad que ha tenido en el combate del crimen organizado.
El mismo fiscal general, Douglas Meléndez, presentó el pasado lunes un informe a la Asamblea Legislativa donde aseguraba que gracias a esa herramienta han logrado desarticular mafias, estructuras de narcotráfico y de pandillas. También han logrado evitar crímenes de policías y maestros.
El Centro de Escuchas Telefónicas comenzó a funcionar en mayo de 2012. Pero fue en 2010 que el proyecto se comenzó a construir con el asesoramiento y la ayuda de los Estados Unidos, que donó 5 millones de dólares en equipo informático de última generación.
Pero no solo eso. Especialistas del Buró Federal de Investigaciones (FBI) colaboraron en la instalación del equipo informático. También se encargó de capacitar a un equipo de fiscales y agentes de policía que integrarían esa oficina.
Para permitir la intervención de las llamadas telefónicas, la Asamblea Legislativa aprobó en 2010 una ley bajo que regula el funcionamiento del Centro de Escuchas. La ley permite la intervención a la telefonía celular y fija, mensajes electrónicos en Internet, medios ópticos y electromagnéticos.
La Fiscalía General ha utilizado esa herramienta para desarticular estructuras pandilleriles y de narcotráfico, pero también para sustentar casos penales contra políticos y empresarios corruptos. Y eso no ha gustado a algunas personas que han pedido controlar y regular el Centro de Escuchas.
Uno de los procesados que se han quejado de esa herramienta es Enrique Rais, quien ha sido acusado por corromper a funcionarios públicos en beneficio de sus intereses económicos.
Enrique Rais fue capturado en agosto de 2016 por los delitos de falsedad ideológica, fraude procesal y cohecho activo. La Fiscalía lo acusó de haber comprado funcionarios del Estado para atacar a sus enemigos: dos canadienses con quienes se disputa el relleno sanitario MIDES y otras personas.
El exfiscal Luis Martínez fue uno de sus aliados. También, según la Fiscalía, Rais compró a un juez y a empleados del Instituto de Medicina Legal. Algunas de las pruebas presentadas por los fiscales son unos audios donde se escucha a Enrique Rais dar indicaciones a sus abogados, vía telefónica, para comprar a los funcionarios.
En la audiencia inicial, los abogados de Rais esgrimieron que las intervenciones habían sido realizadas hacía más de seis meses y que por lo tanto no tenían ninguna validez. Pero los fiscales refutaron esa posición.
Rais recuperó su libertad tras pagar una costosa fianza. El 13 de octubre de 2016, Rais y sus abogados se reunieron con la procuradora Raquel Caballero y señalaron posibles delitos en la intervención de unas llamadas que la Fiscalía estaba usando en su contra. Le pidieron vigilar permanentemente las intervenciones telefónicas que hace el centro de escuchas para evitar violación a los derechos humanos.
Actualmente Enrique Rais se encuentra prófugo de la justicia. Pero sus abogados continúan alegando que las pruebas presentadas en contra de su cliente (audios de llamadas telefónicas) no tienen validez legal.
Otras voces
El pasado lunes, el fiscal general, Douglas Meléndez, detalló que gracias al Centro de Escuchas Telefónicas han desarticulado estructuras de narcotráfico y han salvado más de cien vidas. También ha servido para investigar hurtos y robos de vehículos. Además ha sido clave para resolver casos de extorsión.
Un día después, el presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, también elogió el trabajo realizado en el Centro de Escuchas Telefónicas.
Indicó que la Fiscalía debe de continuar utilizando esa herramienta para combatir la criminalidad en el país. Recordó que los países más avanzados cuentan con esa tecnología que ayuda a investigar ilícitos. Por eso recomendó fortalecer el Centro de Escuchas.
El abogado Omar Pastor también considera de gran utilidad ese recurso que sirve a los fiscales para resolver casos penales. Eso sí, el jurista hace una observación: que la herramienta sea bien utilizada y que no se ocupe de una manera política, es decir, para perseguir deliberadamente a ciertas personas.