En marzo del año 2016, Juan Isidro Canizales, presidente de la Cooperativa Hacienda La Labor de Ahuachapán, denunció penalmente a Víctor Manuel Hernández, Fidel Lico y otros diez exdirectivos de esa cooperativa. Los acusó de recibir dinero a cambio de otorgar 856 manzanas de terreno a la empresa constructora Salazar Romero.
Los exdirectivos fueron acusados de administración fraudulenta tras permitir que la empresa Salazar Romero, entre los años 2008 al 2014, se apropiara de terrenos destinados para campesinos por medio de la reforma agraria.
A pesar de cumplirse casi dos años desde que se iinterpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), el apoderado administrativo de la Hacienda La Labor, Manuel Meléndez, dice que la denuncia está estancada y podría prescribir.
Considera que podría existir una red de corrupción que favorece a la empresa dirigida por José Raúl Salazar Landaverde, primo de José Adán Salazar, alias Chepe Diablo.
“Son 856 manzanas que Salazar Romero obtuvo de manera fraudulenta”, señala Manuel Meléndez. Y añade que cuenta con un informe del ISTA, firmado por la presidenta actual Carla Mabel Alvanés Amaya, que ampara a las comunidades de la Hacienda La Labor, ya que estas tierras están enmarcadas en la Ley del Régimen Especial de la Tierra en Propiedad de las Asociaciones Cooperativas y no puede existir una venta a privados.
Meléndez señala que la junta directiva de 2007 de la Hacienda La Labor, encabezada por Fidel Lico, pactó de forma ilegal con José Raúl Salazar Landaverde, para obtener un crédito inicial por $580,000 y la condonación de una deuda con el Banco de Fomento Agropecuario (BFA) por más de $1.6 millones, a cambio de las 856 manzanas de terreno.
La venta de los terrenos de la cooperativa inició con la emisión de un acuerdo mutuo, fechado en La Cooperativa La Labor el 31 de julio de 2007, cuando Fidel Lico autoriza a Armando Avilés como mediador, entre la cooperativa y la empresa Salazar Romero para la venta de un inmueble de 140 manzanas de extensión
“Los corosos, la bomba, el baño, la estación, el jicaral en la cantidad de $4,500 por manzana, haciendo un total de $630,000”, indica el documento firmado por el expresidente de la Hacienda La Labor.
Estas acciones fueron acompañadas de otros siete acuerdos mutuos, en los que la administración de Lico ofrecía diferentes porciones de la Hacienda La Labor a José Raúl Salazar a cambio de montos que oscilaban entre los $500,000 más el pago de algunos intereses, que hicieron una venta total de $1.6 millones de dólares.
“No entiendo cómo es que se permitió la transacción de parte de Salazar Romero. Ellos tienen un equipo de asesores jurídicos y ellos saben que esos mutuos son ilegales”, indicó Meléndez.
Protesta de campesinos
La mañana del 19 de marzo de 2016 decenas de mujeres, niños y hombres campesinos habitantes del caserío Chipilapa y asociados de la Cooperativa de la Hacienda La Labor, en el departamento de Ahuachapán, se tomaron el kilómetro 94 de la carretera Panamericana. El objetivo era protestar por el despojo de las tierras que cultivaron durante casi dos décadas.
El paso vehicular fue habilitado después que los campesinos protestaran durante una hora. Las mujeres exigían las más de 360 manzanas de terreno presuntamente adquiridas de manera ilegal por una empresa constructora.
Los campesinos señalaban que la empresa constructora Salazar Romero y los exdirectivos de la Hacienda La Labor realizaron negociaciones fraudulentas para beneficiar a la constructora del primo de Chepe Diablo.
Los actuales directivos de la Cooperativa sostienen que los campesinos son amedrentados por personeros de Salazar Romero les impiden cultivar esas tierras, afectando económicamente a cientos de campesinos aglutinados en la cooperativa.
Los campesinos y actuales directivos de la Cooperativa denuncian una presunta estafa que inició con la negociación de 856.3214 manzanas de terreno con el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), para el pago de una deuda que la cooperativa La Labor mantenía con el Banco de Fomento Agropecuario (BFA), que era de $1,619,637.15.
De estas manzanas, los exdirectivos negociaron de forma fraudulenta otorgar un total de 140 manzanas a la constructora Salazar Romero. El objetivo era apropiarse de una porción adicional de más de 800 manzanas, según los campesinos.