Si los magistrados de la Cámara de lo Penal que dejaron en libertad a José Adán Salazar hubiesen aplicado la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos, este no hubiese quedado en libertad condicional. Esa es la conclusión a la que llega Walter Morales, articulista de La Prensa Gráfica.
Morales señala que el artículo 27 de referida ley establece que “los detenidos provisionalmente por el delito de Lavado de Dinero y de Activos no gozarán del beneficio de sustitución por otra medida cautelar”.
“Esto lleva a hacerse las siguientes interrogantes: ¿Los jueces actúan de manera deliberada o desconocen la Ley Contra el Lavado de Dinero?, ¿es necesario capacitarlos?, porque esta es clara para analizar y fallar apegados a la misma”, se cuestiona morales.
Además, Morales indica que en el artículo 6 de la Ley Contra el Lavado y Activos se establece que “estarán sometidos a todas estas actividades delictivas generadoras de lavado de dinero, y de manera especial en lo que fuere aplicable, entre otros, el delito de prevaricato y todo acto de encubrimiento y legalización de dinero o bienes procedentes de actividades ilícitas”.
José Adán Salazar, conocido como Chepe Diablo, quedó en libertad luego que la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador revirtiera la detención provisional ordenada por el juez Cuarto de Instrucción. Adán Salazar pagó una fianza de 200 mil dólares.
Un día después, la Fiscalía General de la República (FGR) brindó una conferencia de prensa y cuestionó la resolución de los magistrados Guillermo Arévalo Domínguez y Disraely Omar Pastor.
El jefe de la Unidad Financiera de la Fiscalía, Jorge Cortez, señaló que en el análisis jurídico que hizo la Cámara hubo muchas deficiencias porque dejó fuera elementos importantes.
Uno de ellos es que ignoraron un análisis contable financiero que va desde 2003 hasta 2015, y, por el contrario, se limitaron a hacer un análisis sobre unas fiscalizaciones que fueron realizadas en 2010 y 2011.
Chepe Diablo fue capturado en abril del presente año. La Fiscalía lo acusó en tribunales de justicia de lavar una millonada de dólares que habría obtenido de manera ilícita.
Foto D1, archivo.
Salazar es originario de Metapán, Santa Ana. Tiene 69 años de edad. Su historia empresarial está plagada de dudas: empezó como cambista de quetzales a colones en la frontera de El Salvador y Guatemala; y, en pocos años, se convirtió en un millonario dueño de gasolineras, hoteles y otros negocios.
A mediados de los años noventa era un próspero empresario. Pero las dudas en torno a su fortuna crecían. En 1997, por ejemplo, fundó junto con Juan Umaña Samayoa una empresa de granos llamada Gumarsal. Este último se convirtió años después en alcalde de Metapán. Actualmente es prófugo de la justicia. Los fiscales lo acusan de pertenecer a la red de lavadores encabezada por Chepe Diablo.
Actualmente Adán Salazar está en libertad condicional. Pero son muchos los que dudan de los magistrados de Cámara que le otorgaron ese beneficio.
Incluso, Walter Morales, el articulista de La Prensa Gráfica, señala el artículo 310 del Código Penal decreta: “El juez que a sabiendas dictare resolución contraria a la ley o fundada en hechos falsos, por interés personal o por soborno, será sancionado con prisión de tres a seis años e inhabilitación especial del cargo por igual tiempo. Si la sentencia fuere condenatoria, en proceso penal, la sanción será de tres a diez años de prisión”.