El pasado 13 de enero se cumplió un año desde que el empresario de la basura Enrique Rais decidió no afrontar la justicia salvadoreña y convertirse en prófugo.
Rais huyó del país horas después que el Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador girara orden de recaptura en su contra. Meses antes, en agosto de 2016, había sido acusado por los delitos de falsedad ideológica, fraude procesal y cohecho activo. Lo señalaron de ser el cabecilla de una estructura que “compraba justicia” para afectar a terceros en diferentes procesos penales.
De acuerdo con una publicación de La Prensa Gráfica, Rais llegó a Guatemala y voló en su avión privado N54HT, propiedad de Rais Group International NC LLC, hacia República Dominicana el viernes 13 de enero de 2017. Esta versión fue ratificada por el jefe del Ministerio Público.
La Policía Nacional Civil (PNC) aún no ha dado respuesta sobre el paradero de Enrique Rais. Tampoco saben justificar por qué su nombre no aparece publicado en la lista de los buscados por la Policía Internacional (Interpol).
Fuentes internas de la Policía confirman que el comisionado Saúl Eléazar Hernández Laínez recibió la orden de difusión roja en contra de Enrique Rais el 18 de enero de 2017, cuando todavía fungía como jefe regional de Interpol.
Un mes después, el 14 de febrero, el director general de la Policía, Howard Cotto, emitió el memorándum No D004-02-2017 en la que ascendió al comisionado Hernández Laínez a Subdirector de Inteligencia Policial (Sipol). En sustitución de Hernández Laínez fue nombrado Alfredo Orlando Nolasco Acosta.
La Fiscalía confirmó que Rais, su sobrino Hugo Blanco Rais y el abogado Ernesto Gutiérrez, se fugaron en un avión que partió desde Guatemala el pasado 13 de enero con destino a República Dominicana.
Otro caso similar es el del exalcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa y el expresidente de la empresa Agroindustrias Gumarsal, Wilfredo Guerra. Ambos se encuentran prófugos de la justicia desde el 4 de abril de 2017 cuando la Fiscalía ordenó su captura por el delito de lavado de dinero.
Exalcalde Juan Umaña Samayoa.
El 18 de abril de 2017 el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, advirtió, tras la fuga de Umaña y Guerra, que emitirían la orden de difusión roja ante Interpol. Pero a la fecha esto no ha ocurrido.
El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, dijo el pasado martes 16 de enero que la Secretaría General de la Policía Internacional (Interpol), con sede en Lyon, Francia, entretiene la orden de captura internacional en contra de Enrique Rais, Juan Umaña, Wilfredo Guerra y otros cinco prófugos más. El argumento es que aún se estudian las peticiones por el impacto nacional e internacional del caso. Esta versión no ha cambiado en un año.
“Eso ya ha sido requerido por la Policía Nacional Civil de acuerdo con la solicitud de los tribunales. Ahora depende de las disposiciones de la Secretaría General (Interpol). Ellos tienen sus propios procesos”, dijo Ramírez Landaverde durante la conmemoración del 26 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz.
Y es que el titular de Justicia y Seguridad, quien además fungió como Subdirector General de la Policía en el quinquenio de Mauricio Funes, y se desempeñó como Director General de la PNC durante los primeros años de la administración de Salvador Sánchez Cerén, conoce muy bien los procedimientos policiales y los convenios internacionales con los que cuenta el país para este tipo de casos.
Ramírez Landaverde señaló que Interpol tiene diferentes mecanismos para hacer efectivas la difusión de alerta roja en contra de un prófugo de la justicia.
Las difusiones de Interpol inician con la orden de captura y localización que un tribunal local emite en cualquier proceso penal en contra de una persona.
Los estatutos de Interpol dicen lo siguiente: “Las notificaciones rojas se utilizan para solicitar la localización y detención de una persona buscada por las autoridades judiciales de un país determinado o por un tribunal internacional con miras a su extradición. El fundamento jurídico de las notificaciones rojas es la orden de detención o la sentencia judicial expedida por las autoridades judiciales del país interesado”.
Además señalan que muchos de los 192 países miembros de Interpol consideran que la notificación roja equivale a “una solicitud de detención provisional válida”.
En el caso de Enrique Rais la orden de recaptura fue girada el 13 de enero de 2017 por la jueza Gloria de La Paz Lizama Funes, quien presidía el Juzgado Octavo de Instrucción. Esta fue enviada al jefe local de Interpol, Saúl Eléazar Hernández Laínez, el 18 de enero, es decir, cinco días después.
A pesar de esto, el ministro de Justicia y Seguridad asegura que la petición realizada por la Policía de El Salvador se encuentra trabada en “un organismo” de Interpol que se encarga de evaluar las diferentes solicitudes.
“En ese estado está esta gestión. Ya depende de los criterios, procedimientos que tiene la Secretaria General que son los que al final determinan si va a darse ese nivel de prioridad en esa difusión”, concluyó Ramírez Landaverde.
La Revista Factum se contactó en febrero del año pasado con la oficina de relaciones públicas de la Interpol en Francia y le consultaron por qué no se había publicado el nombre de Enrique Rais en la lista de buscados con difusión roja. La respuesta fue que “hay casos en que es el país requirente el que pide que la difusión no sea pública, mientras que hay otras situaciones que impiden la publicación de una difusión roja, como por ejemplo que el país no complete la información necesaria de la persona sobre quien se quiere girar una difusión roja”.
En octubre del año pasado el Fiscal General, Douglas Meléndez, dijo que no entendía por qué la Policía no había procedido con algunas personas prófugas de la justicia.
Diario 1 intentó conocer la versión del jefe regional de Interpol sobre la situación de la difusión roja a Enrique Rais. Sin embargo, Alfredo Orlando Nolasco Acosta indicó que este tipo de información no “la podría brindar sin autorización de sus superiores”.
Posteriormente fue cuestionado por el mismo hecho el Subdirector de Investigaciones (SIN), Juan Carlos Martínez Marín, quien señaló que la vocería de estos casos recae en la Dirección General y en el Ministerio de Justicia, a cargo de Howard Cotto y Mauricio Ramírez Landaverde, respectivamente.
Uno de los factores que llama la atención es la burocracia con la que se han manejado los casos como el de Enrique Rais, Juan Umaña Samayoa y Wilfredo Guerra; ya que el comité aun estudia las solicitudes para la emisión de las difusiones rojas de estos tres prófugos.
¿Quiénes son los prófugos?
Enrique Rais es un cuestionado empresario. A inicios del milenio fue procesado penalmente. En agosto de 2016 volvió a ser capturado por los delitos de corrupción. La Fiscalía lo acusó de haber comprado funcionarios del Estado para atacar a sus enemigos: dos canadienses con quienes se disputa el relleno sanitario MIDES y otras personas de ese entorno. El exfiscal Luis Martínez fue uno de sus aliados. También, según la Fiscalía, compró a un juez y a empleados del Instituto de Medicina Legal.
Otro de los prófugos que no aparecen en el registro de Interpol es Wilfredo Guerra, quien nació en una familia de comerciantes: su madre vendía en el mercado municipal de Metapán y su padre también era un mercader. Su infancia la vivió en un cuarto de mesón del mismo municipio.
Cuando era un adolescente trabajó descargando camiones y vendiendo en el mercado. En 1992, decidió viajar con su padre a San Salvador para vender granos en el centro capitalino. Compraban granos a los agricultores que llegaban al centro con sus costales y luego los vendían. Ahí comenzó su ascenso. De la noche a la mañana, el capital financiero creció aceleradamente. En 1997, se aliaron a José Adán Salazar, alias Chepe Diablo, para fundar la empresa Agroindustrias Gumarsal. La empresa empezó a operar en febrero de 1998. Años después, Wilfredo Guerra era un millonario.
El otro prófugo es el exalcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa, del PCN, quien tiene un largo historial delictivo. Informes de inteligencia policial indican que en los años ochenta estuvo involucrado en el contrabando de mercadería. A mediados de los años noventa comenzó a comercializar granos básicos. Su patrimonio creció aceleradamente. En 2011, el periódico digital El Faro reveló que Juan Samayoa era uno de los cabecillas del Cártel de Texis, una organización de crimen organizado que opera en el occidente del país.
Recientemente, el PCN se vio involucrado en una maniobra supuestamente promovida por Rais en la Asamblea Legislativa. La diputada Cristina López presentó una pieza de correspondencia para que los legisladores aprobaran una interpretación auténtica al artículo 23 de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones.
Con esa interpretación, Enrique Rais se confeccionó un “traje a la medida” para buscar destruir las pruebas en las escuchas telefónicas que tiene la Fiscalía tiene en su contra, en las cuales se evidencia la descarada trama de falsedades, manipulaciones y corrupción.
¿Por qué Interpol no ha emitido la difusión contra Enrique Rais, Juan Umaña Samayoa y Wilfredo Guerra?
Casos diligentes
El Salvador ha vivido las dos caras de la burocracia o agilidad en estos casos por Interpol. Entre los antecedentes más recientes se encuentra el del expresidente Francisco Flores, quien en los últimos años de su vida enfrentó un proceso legal por supuesta corrupción con donativos entregados por el gobierno de Taiwán a favor de los damnificados del terremoto de 2001 en El Salvador.
El 9 de mayo de 2014, solo dos días después que se girara una orden de captura internacional contra Flores, Interpol colocó el perfil del exmandatario en su portal web. Cuatro meses después de encontrarse prófugo de la justicia, Flores se entregó ante la justicia para posteriormente encarar su proceso legal.
“Ante ello no pudiéramos dar las explicaciones del caso porque no nos corresponde. Son mecanismos que la corporación internacional tiene”, dijo Ramírez Landaverde al señalar que la Policía ya solicitó la difusión roja para los tres prófugos.