A través de sus abogados, el prófugo de la justicia Enrique Rais continúa atacando las instituciones del Estado porque al parecer estas no actúan a su favor.
En los últimos días, esta es la segunda ocasión en la que Rais manda a sus abogados a atacar a funcionarios públicos. Este jueves, Silvia Bonilla, uno de los abogados del exempresario de la basura Enrique Rais y prófugo de la justicia, arremetió contra la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara.
En la cuenta en Twitter de la Fundación Mujer Legal, Bonilla dijo: “La peor Procuradora de Derechos Humanos que El Salvador ahora tiene, el mundo debe saber que. Raquel Caballero de Guevara, quebranta sin juicio el Principio de inocencia a procesados. Que error tan grande su elecion! Si, un grave error Senores Diputados”.
La semana pasada, Silvia Bonilla ofendió al Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, a quien acusó de pretender “amansar” a los jueces.
A través de su cuenta en Twitter, el Ministerio Público externó “extrañeza que en casos mediáticos o de combate a la corrupción conozcan jueces suplentes o interinos”.
Bonilla, quien también ejerce como juez suplente, respondió: “Creo que es una estrategia de un fiscal que está derrotado… un fiscal incompetente”, que no tiene ni la habilidad para expresarse correctamente en televisión”, según el sitio web El Blog.
Rais es un cuestionado empresario. A inicios del milenio fue procesado penalmente. En agosto de 2016 volvió a ser capturado por los delitos de corrupción. La Fiscalía lo acusó de haber comprado funcionarios del Estado para atacar a sus enemigos: dos canadienses con quienes se disputa el relleno sanitario MIDES y otras personas de ese entorno.
El exfiscal Luis Martínez fue uno de sus aliados. También, según la Fiscalía, compró a un juez y a empleados del Instituto de Medicina Legal.
El nombre del exempresario de la basura salió recientemente de nuevo a la luz pública. Rais habría realizado una maniobra en la Asamblea Legislativa a través de la diputada Cristina López, quien presentó una pieza de correspondencia para que los legisladores aprobaran una interpretación auténtica al artículo 23 de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones.
Con esa interpretación, de acuerdo con abogados que conocen el caso, Enrique Rais se confeccionó un “traje a la medida” para buscar destruir las pruebas en las escuchas telefónicas que tiene la Fiscalía tiene en su contra.
En esas grabaciones se escucha al propio Enrique Rais y sus abogados comprar jueces, sobornar testigos y fabricar pruebas falsas para favorecer sus intereses en contra de sus adversarios.
El 13 de octubre de 2016, Enrique Rais llegó con sus abogados a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) a denunciar abusos en el proceso judicial en su contra.
Rais y sus abogados se reunieron con la procuradora Raquel Caballero y señalaron posibles delitos en la intervención de unas llamadas que la Fiscalía estaba usando en su contra. También le pidieron vigilar permanentemente las intervenciones telefónicas que hace el centro de escuchas para evitar violación a los derechos humanos.
El 13 de enero de este año se cumplió un año desde Rais decidió no enfrentar la justicia salvadoreña y convertirse en prófugo. Huyó del país horas después que el Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador girara orden de recaptura en su contra. En en agosto de 2016, había sido acusado por los delitos de falsedad ideológica, fraude procesal y cohecho activo. Lo señalaron de ser el cabecilla de una estructura que “compraba justicia” para afectar a terceros en diferentes procesos penales.
La Policía Nacional Civil (PNC) aún no ha dado respuesta sobre el paradero de Enrique Rais. Tampoco saben justificar por qué su nombre no aparece publicado en la lista de los buscados por la Policía Internacional (Interpol).