La interpretación del artículo 23 de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones (LEIT) ya fue utilizada en el caso penal contra el empresario Enrique Rais, quien se encuentra prófugo de la justicia desde hace un año.
De acuerdo con La Prensa Gráfica, el abogado Carlos Alfredo Avelar, defensor del exjuez Romero Aurora Giammattei, quien es señalado de participar en el aparataje que favoreció a Enrique Rais, presentó el pasado 10 de enero una solicitud al Juzgado Octavo de Instrucción para realizar una audiencia especial.
El objetivo del abogado es pedir el sobreseimiento definitivo de Aurora Giammattei, quien también se encuentra prófugo de la justicia. En la solicitud, el abogado esgrime que la Fiscalía General de la República (FGR) excedió los seis meses establecidos por la ley para utilizar las grabaciones de las llamadas intervenidas en un juicio penal.
“El plazo autorizado para intervenir un supuesto teléfono a favor de mi mandante concluyó el día 13 de abril de 2015. Lo que obligaba a promover la acción penal en los siguientes seis meses después de la fecha prenotada, es decir, la representación fiscal tenía hasta el 13 de octubre de 2015, lo cual fue incumplido por la parte fiscal, ya que según el requerimiento fiscal fue presentado y suscrito en fecha 25 de agosto de 2016”, cita LPG el escrito presentado por el abogado.
El pasado 1 de noviembre, la diputada del PCN, Cristina López, presentó una iniciativa que favorece a Enrique Rais. El 11 de diciembre los diputados de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales se reunieron para estudiar esa iniciativa.
En la reunión estuvieron presentes los diputados Mario Tenorio, Ricardo Velásquez Parker, Jackeline Rivera, Silvia Alejandrina Castro, René Portillo Cuadro, Norma Cornejo Amaya, Jaime Valdez, Antonio Armendáriz y Lorenzo Rivas.
Tras establecerse el quórum iniciaron la agenda de trabajo. El tercer punto que abordaron fue el estudio del expediente número 1945-11-2017-1, iniciativa presentada por la diputada Cristina López con la finalidad de interpretar auténticamente el artículo 23 de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones. Ese día solo acordaron presentar propuestas de redacción para la próxima sección.
Se volvieron a reunir el 15 de diciembre, en el salón de Junta Directiva, ubicado en el Salón Azul, previo a la sesión plenaria. Este otro procedimiento que se utiliza generalmente cuando son iniciativas que tienen carácter urgente. El único punto que abordaron fue la solicitud presentada por Cristina López y acordaron emitir dictamen favorable y cerraron la sesión.
En esa reunión solo estuvieron presentes siete diputados, según el acta número 97, de 2017, de la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Los legisladores fueron Mario Tenorio, Ricardo Velásquez Parker, Jackeline Rivera, Silvia Alejandrina Castro, Cristina Cornejo, Antonio Almendáriz y Jaimen Valdez.
En la iniciativa presentada por la diputada Cristina López se argumentaba que actualmente ese artículo establece que las intervenciones telefónicas deben ser destruidas seis meses después de haberse efectuado; transcurrido ese tiempo, ya no pueden ser utilizadas para ninguna finalidad.
Enrique Rais fue capturado en agosto de 2016 por los delitos de falsedad ideológica, fraude procesal y cohecho activo. La Fiscalía lo acusó de haber comprado funcionarios del Estado para atacar a sus enemigos: dos canadienses con quienes se disputa el relleno sanitario MIDES y otras personas de ese entorno.
El exfiscal Luis Martínez fue uno de sus aliados. También, según la Fiscalía, compró a un juez y a empleados del Instituto de Medicina Legal. Algunas de las pruebas presentadas por los fiscales son unos audios donde se escucha a Enrique Rais dar indicaciones a sus abogados, vía telefónica, para comprar a los funcionarios.
En la audiencia inicial, los abogados de Rais esgrimieron que las intervenciones habían sido realizadas hacía más de seis meses y que por lo tanto no tenían ninguna validez. Pero los fiscales refutaron esa posición. Es por eso que Rais habría acudido a la diputada del PCN para que se realizara una interpretación auténtica de ese artículo de Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones. Con eso pretende desvanecer las pruebas presentadas por la Fiscalía en su contra.