Ese 14 de julio los fiscales volvieron a fracasar. El juez suspendió por segunda vez la audiencia especial donde la testigo clave daría su declaración en contra del Gordo Max y otras tres personas acusadas de pagar servicios sexuales a menores de edad.
Diez días antes había ocurrido lo mismo. La testigo estaba desaparecida, los fiscales no la encontraban por ningún lado. Por eso la audiencia se había suspendido por segunda vez.
Los fiscales del caso estaban en apuros. Para entonces solo faltaban ocho días para que la fase de instrucción se cerrara y no habían incluido la prueba más importante: la declaración de la víctima.
Entonces surgieron algunas hipótesis: a la Fiscalía General de la República (FGR) se le estaba cayendo uno de los casos más importantes judicializados este año.
El golpe más fuerte para los fiscales ocurrió cuando, a inicios del pasado mes de noviembre, la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador revirtió la orden de prisión contra el Gordo Max y los otros tres acusados.
El Gordo Max quedó en libertad. En redes sociales circularon unas fotografías donde el locutor aparecía junto a unos amigos en un lugar turístico.
El pasado lunes inició el juicio. El Gordo llegó al Tribunal Quinto de Sentencia por su propia cuenta. Llegó vestido de negro. Su rostro reflejaba serenidad.
El Gordo Max fue capturado el 3 de enero del presente año. La investigación en su contra comenzó en 2014. Ese año la policía capturó a una red de trata por órdenes de la Fiscalía. Sin embargo, pese a que Max fue mencionado en un requerimiento fiscal, este no fue procesado penalmente.
A inicios de este año, Allan Hernández, quien todavía era jefe de la Unidad de Delitos Especializados, aseguró que la administración anterior de la Fiscalía, es decir, la que dirigía Luis Martínez, imputó al “Gordo Max”, pero después le dio calidad de testigo.
Ese beneficio fue retirado por el actual fiscal Douglas Meléndez, quien ordenó que se capturara y se procesara a Max y a otras tres personas que cometieron el mismo delito, entre ellos el empresario Ernesto Regalado O’Sullivan.
Hasta hace un mes, Max se encontraba en el Sector Nueve del penal La Esperanza, conocido como Mariona. En ese mismo lugar se encuentra el exfiscal general Luis Martínez, quien en su momento le brindó privilegios para que no fuera procesado penalmente.
El juicio continúa este miércoles. Los fiscales utilizarán una de sus cartas más importantes: la declaración de una de las víctimas. Con esa prueba pretenden que el juez condene al Gordo Max y a los otros tres imputados.