Meses después de salir del gobierno, Elmer Charlaix compró grandes extensiones de tierra para dedicarse al cultivo de la caña de azúcar. Entre algunas de las propiedades que compró están la Hacienda Lombardía, Tihuilocoyo y El Cauca, ubicadas en Zacatecoluca, departamento de La Paz.
Además adquirió la Cooperativa Los Naranjos, más de dos mil manzanas de tierra ubicadas en el Bajo Lempa. El dinero con el que adquirió estas propiedades procedía de actividades ilícitas.
Charlaix se cuidó de no aparecer como el propietario de esos extensos terrenos. Por eso utilizó a prestanombres para adquirirlos.
La información anterior aparece en un documento elaborado por una agencia de investigación de los Estados Unidos que fue proporcionada a Diario 1 por el ex agente de la DEA, Danny Dalton.
Extorsión a narcos y sobresueldos para políticos
En el mismo documento se detalla que Charlaix fue uno de los hombres encargados de realizar algunas actividades oscuras del Gobierno de Antonio Saca.
Algunas de esas operaciones poco transparentes fueron negociaciones y pagos por decisiones partidarias a favor del Gobierno. Eso incluía el pago de sobresueldos a diputados.
El informe también revela que Charlaix participó en una extorsión contra la banda de narcotraficantes conocida como Los Perrones, que durante muchos años operó en el oriente del país. En 2007, estos dejaron de pagar la cuota establecida para no ser perseguidos judicialmente.
Meses después, Reynerio Flores Lazo fue capturado en Honduras y deportado a El Salvador. Entonces le pidieron dinero a la familia de Reynerio a cambio de limpiar su expediente judicial.
La familia de Reynerio les entregó 250 mil dólares en efectivo. Pero el trato no se cumplió. Los parientes de Reynerio amenazaron con hacer un escándalo público.
Fue entonces que Élmer Charlaix se reunió con el hermano de Reynerio y le devolvió 50 mil dólares para silenciarlos. Además le prometió que sacaría de prisión a Reynerio. Nada de eso ocurrió. Reynerio aún se encuentra en prisión cumpliendo una condena de 80 años.
Encarcelado por corrupción
Charlaix fue uno de los hombres de confianza del expresidente Elías Antonio Saca: durante su gobierno fungió como Secretario Privado y participó en una red de corrupción de alto nivel.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Charlaix fue uno de los operadores clave en la maquinaria de corrupción que montó Antonio Saca durante su administración de gobierno entre los años 2004-2009.
El exsecretario privado se encuentra encarcelado desde hace más de un año en el penal La Esperanza. Ahí también se encuentra Antonio Saca y otros exfuncionarios. Todos están acusados por haber desviado $240 millones de fondos públicos a cuentas bancarias particulares.
Los fiscales acusan a Charlaix de ser pieza fundamental en una gigantesca red de corrupción. La operación, según los acusadores, ocurrió así: cuando Saca llegó a la presidencia aprobó un reglamento que le permitió el manejo de los gastos secretos de la presidencia.
El reglamento fue aprobado el mismo día que Charlaix y Saca entraron al Gobierno. En el requerimiento fiscal aparece que Saca firmó 60 cheques de la Cuenta Institucional Subsidiaria del Tesoro Público a nombre de Élmer Charláix Urquilla.
Inmediatamente Charlaix lo depositó en dos cuentas a su nombre: una en el Banco Agrícola y en el Banco Davivienda. Ese fue el primer desvío de fondos. Ascendía a casi 16 millones de dólares.
Proceso civil por enriquecimiento ilícito
En noviembre del año pasado, la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador abrió un proceso contra Charlaix por el delito de enriquecimiento ilícito.
La Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia le cuestiona no haber justificado la procedencia de $18 millones 767 mil 445 que transitaron en diversas cuentas bancarias.
El pasado mes de agosto, la Fiscalía acusó al expresidente Saca por el delito de soborno. En la acusación se detalla que el expresidente intentó sobornar a una empleada de la Cámara Civil que lleva el caso de Charlaix para que frenara el proceso.
De acuerdo con unas llamadas telefónicas interceptadas por la Fiscalía, Saca le habría ofrecido 10 mil dólares, a través de uno de sus abogados, a la empleada judicial.