La Fiscalía General de la República cuestionó este jueves la resolución de la Cámara Primera de lo Penal que revocó la detención provisional contra José Adán Salazar, conocido como Chepe Diablo.
“Consideramos que la resolución no está ajustada respecto a las evidencias que nosotros presentamos al momento de ejercer la acción penal correspondiente”, dijo el jefe de la Unidad Financiera de la Fiscalía General de la República, Jorge Cortez.
Cortez señaló que en el análisis jurídico que hizo la Cámara hay muchas deficiencias porque dejó fuera elementos importantes. Uno de ellos es que ignoraron un análisis contable financiero que va desde 2003 hasta 2015, y, por el contrario, se limitaron a hacer un análisis sobre unas fiscalizaciones que fueron realizadas en 2010 y 2011.
Además, indicó que ignoraron documentos sobre unas transacciones que fueron efectuados por Jesús Sanabria Zamora, quien pertenecía al Concejo Municipal de la Alcaldía municipal de Metapán. Esta persona, según explicó el jefe fiscal, fue condenada a 12 años de prisión por tráfico ilícito de drogas.
“Hacía depósitos tanto en 2011 y 2012 hacia la cuenta de José Adán Salazar y nosotros determinamos que es un indicio bastante fuerte y determinante para poder ser valorado… sin embargo, sorprende que los magistrados no se hayan tomado la molestia de revisar de forma completa toda la evidencia presentada”.
También criticó el valor de la fianza establecida por la Cámara. “Ustedes saben el poder económico que ellos ostentan, 200 mil dólares no significa algo imposible de obtener. Recuerden que hemos tenido casos donde se ha generado impunidad con este tipo de decisiones judiciales. Por ejemplo el caso de Enrique Rais, quien huyó de la justicia”.
“Queremos ser claros y enfáticos: nosotros somos responsables de nuestra investigación… Nosotros nos desprendemos de cualquier tipo de responsabilidad si estas personas no se presentan al proceso por lavado de dinero”.
Cortez dijo que algunos tribunales hacen valoraciones con base a convenios internacionales, pero que, a su criterio, cada caso debe ser estudiado de manera independiente. En el caso de Chepe Diablo, dijo, no se le deben otorgar beneficios como la libertad condicional.
Chepe Diablo recuprará su libertad este jueves y seguirá procesado en libertad. La Cámara también revocó la detención provisional contra la exesposa de Salazar, Sara Paz Bojórquez; su hija, Susana Noemy de Cruz; y la exesposa del alcalde de Metapán (prófugo de la justicia) Romelia Guerra Argueta.
Todas ellas procesadas en el mismo caso de Adán Salazar, quien está siendo procesado por delitos de lavado de dinero; también ha sido señalado como capo internacional de la droga por los Estados Unidos.
Los procesados deberán cumplir con las siguientes medidas cautelares: presentarse ante el juez cada 15 días, no salir del país, entregar el pasaporte, no cambiar de residencia. Además deberán de pagar una fianza de cien mil dólares.
El caso
José Adán Salazar Umaña fue capturado el martes 4 de abril, junto a su exesposa Sara Paz Martínez Bojórquez y su hija Susana Noemy Salazar de Cruz, además de Romelia Guerra Argueta, mientras que su hijo José Adán Salazar Martínez se encuentra prófugo. Ese mismo día Fiscalía ordenó el allanamiento de 70 residencias y locales comerciales vinculados a Chepe Diablo, acusado de ser el cabecilla de una estructura de lavado de dinero.
El 5 de abril, el director general de la Policía Nacional Civil (PNC), declaró como prófugos de la justicia al alcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa; su hijo Wilfredo Guerra Umaña y su cónyuge, Miriam Salazar de Umaña, y Tránsito Mira de Guerra.
Tres días más tarde, el 8 de abril, la Jueza Cuarto de Paz de San Salvador consideró que existía peligro de fuga y ordenó detención provisional contra José Adán Salazar Umaña y tres mujeres más.
El núcleo familiar de Chepe Diablo es acusado de tener un incremento patrimonial no justificado superior a los 22 millones de dólares. Para esto se sirvió de sus hijos y exesposas.