El Salvador
miércoles 27 de noviembre de 2024
Nacionales

Corte Suprema sanciona al cuestionado juez Rolando Corcio

por Redacción


Rolando Corcio es un juez muy cuestionado. En la Corte Suprema tiene varias demandas por negligencia. Durante varios años estuvo a cargo del Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador. Por su despacho pasaron algunos casos polémicos.

El juez de instrucción de San Marcos, Rolando Corcio Campos, fue sancionado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a 15 días de suspensión sin goce de sueldo. De acuerdo con una nota publicada por La Prensa Gráfica, el juzgador fue sancionado por negligencia: tardó dos años en enviar a un juez de vigilancia penitenciaria la certificación de medidas contra dos imputados.

El caso por el que fue sancionado Corcio es el de dos personas condenadas por el delito de amenazas. En ese entonces, el juzgador se encontraba a cargo del Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador.

El juez le dijo a La Prensa Gráfica que se retrasó en ese procedimiento porque tenía carga laboral. Aseguró que los imputados nunca fueron afectados porque nunca estuvieron encarcelados. Por eso pidió a la Corte Suprema una explicación de porqué se le había impuesto la sanción más alta. No hubo respuesta. La decisión se mantuvo.

A Corcio lo delató la Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro, la cual envió a la CSJ la observación del caso. La denuncia fue puesta en 2008, pero fue hasta este año que fue resuelta por los magistrados.

Un juez cuestionado

Rolando Corcio es un juez muy cuestionado. En la Corte Suprema tiene varias demandas por negligencia. Durante varios años estuvo a cargo del Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador. Por su despacho pasaron algunos casos polémicos.

Corcio tiene 51 años de edad. Es bajito, trigueño, rostro cuadrado. Se graduó como abogado de la UCA. A inicios de los años noventa trabajó en la Procuraduría General de la República. Fue hasta 1997 que comenzó a ejercer como juez.

Ha visto muchos casos. Uno de los más recientes es la acusación por difamación que interpuso el expresidente Elías Antonio Saca, ahora encarcelado por delitos de corrupción, contra el empresario Hugo Barrera.

El pleito jurídico nació en septiembre de 2013, luego que Barrera dijera en televisión que, en el año 2006, el exministro de Obras Públicas David Gutiérrez le comentó que había entregado 40 millones de dólares a Saca (monto que la Corte de Cuentas cuestionó en el proceso de construcción del ahora Bulevar Monseñor Romero).

Días después, Saca acudió a los tribunales y demandó a Barrera por el delito de calumnia. El caso llegó, finalmente, a las manos de Rolando Corcio, quien absolvió a Barrera del cargo imputado. La resolución fue ampliamente criticada en los pasillos judiciales.

Al despacho de Rolando Corcio también llegó el caso donde el alcalde de Metapán Juan Samayoa y su hijo Wilfredo Guerra, ahora prófugos de la justicia, acusaron al empresario Adolfo Salume y al periodista Lafitte Fernández por calumnia y difamación.

Expertos en la materia cuestionaron la razonabilidad del fallo del juez Corcio e incluso hubo señalamientos de un posible tráfico de influencias de parte del exalcalde de Metapán y de su hijo el expresidente de Gumarsal, quienes ahora andan escondiéndose de la justicia por las acusaciones de lavado de dinero y otros presuntos crímenes.

El juez Corcio condenó al empresario y al periodista. Sin embargo, la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador y la Sala de lo Penal le corrigieron la plana. Ambas instancias superiores revirtieron la sentencia emitida por Corcio. Sus argumentos jurídicos fueron errados.

Otro caso reciente es donde el empresario Enrique Rais, también prófugo de la justicia, era la supuesta víctima por amenazas de muerte. La acusada era Claudia Herrera, esposa de Mario Calderón, antiguo abogado de Rais.

En su momento, los abogados querellantes pidieron separar al juez Rolando Corcio por posible tráfico de influencias. El alegato era el siguiente: Luis Peña, uno de los abogados de Rais, había trabajado anteriormente con Corcio.

Los cuestionamientos para el juez eran constantes. En septiembre del año pasado, la Corte Suprema de Justicia decidió trasladarlo al Juzgado de Instrucción de San Marcos, un tribunal de menos importancia, de poca trascendencia, de poca exposición mediática. Muchos abogados penalistas vieron ese traslado como una degradación por sus cuestionadas sentencias.

Ahora ha sido suspendido. No recibirá el salario de 15 días laborales.