Los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, rechazaron la petición de hábeas corpus a favor del expresidente de la República Carlos Mauricio Funes Cartagena.
Los magistrados resolvieron que no existen amenazas en contra del ex mandatario, como lo había planteado el abogado Herberth Danilo Vega Cruz, quien realizó la petición hecha a la Sala de lo Constitucional.
El pasado 17 de octubre, el abogado Vega Cruz había presentado ante la Sala una solicitud de hábeas corpus a favor de Funes. El recurso, de carácter preventivo tenía como objetivo solicitar protección a Funes Cartagena y a su familia ante la existencia de una “amenaza”, ya que el abogado advierte de una persecución por parte del Estado salvadoreño. Esto es lo que justifica, según los solicitantes el asilo político que goza el expresidente en Nicaragua.
Los magistrados de la Sala resolvieron rechazar el hábeas corpus, ya que establecen que no cumple con “los requisitos establecidos”. Es decir, que el amparo del hábeas corpus tiene como objetivo proteger y garantizar el derecho a la libertad física; pero en el caso de Mauricio Funes no existen elementos que determinen una persecución que signifique una amenaza a la libertad de Funes.
“El desafío de la próxima Asamblea será elegir FGR y Sala de lo Constitucional independientes del poder económico. Esa dependencia es fuente de corrupción”, dijo en su defensa el expresidente Mauricio Funes, por medio de su cuenta de Twitter.
La Fiscalía General de la República demandó en marzo de 2016 al expresidente Funes acatando la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual determinó que existen suficientes indicios de enriquecimiento ilícito, luego que Funes Cartagena, su exesposa Vanda Pignato y su hijo, Diego Funes Cañas, no lograran desvirtuar irregularidades en torno a un incremento patrimonial no justificado, que sobrepasa los $700,000.
Mauricio Funes debe dar explicaciones en torno a un aumento patrimonial injustificado de $552,669, mientras que la exprimera Dama, en calidad de cónyuge, canceló seis cuentas con $57,060 cuya procedencia de los fondos es desconocido, mientras que Diego Funes es demandado por la cantidad de $118,600, monto que presuntamente utilizó para la compra de vehículos.
La Cámara Segunda de lo Civil decidió nombrar el perito de la Superintendencia del Sistema Financiero para determinar los ingresos y los gastos de los investigados. Asimismo, si a las cuentas de Mauricio Funes ingresaron más de $600,000 provenientes de fondos recolectados por el movimiento “Amigos de Mauricio” que apoyó al exfuncionario durante la campaña presidencial.
Además, el perito tendrá que determinar el origen del dinero que el expresidente recibió de las empresas Agrosuministros y Multimedia, ambas S.A de C. V, esta última, ligada al expresentador de noticias Jorge Hernández.
Durante la gestión presidencial, Funes y Pignato pagaron créditos adeudados por montos superiores a los $221,000, generando además un ahorro de $150,000. De acuerdo con los fiscales del caso, con obligaciones que tenían Funes y Pignato como núcleo familiar es inconcebible que lograran tal ahorro.
El ex mandatario es investigado, además, por la Fiscalía por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, malversación y negociaciones ilícitas.
En medio de esta investigación, el gobierno de Nicaragua confirmó el 6 de septiembre de 2016 que brindó asilo Mauricio Funes, quien habría solicitado dicho beneficio el pasado 1 de septiembre.
El exmandatario salvadoreño también solicitó este beneficio para su compañera sentimental, Ada Mitchell Guzmán; así como para tres de sus hijos: Carlos Mauricio, Diego y Mauricio Alejandro.