La Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ordenó a la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR) adoptar medidas para proteger a las familias víctimas de desplazamiento forzoso a causa de amenazas de las pandillas.
En una resolución firmada por los magistrados Florentín Meléndez, Sidney Blanco, Rodolfo González y Sonia Barillas de Segovia, la Sala admitió la demanda que evidencia la vulneración de los derechos constitucionales a la seguridad material, protección familiar, protección no jurisdiccional, libertad de circulación y propiedad; dice un comunicado.
La demanda fue interpuesta por una familia, que tiene régimen de protección, y que fueron víctimas de la pandilla Barrio 18.
La Sala indica que los integrantes de la referida familia narrron cómo estos grupos pandilleros del Barrio 18 amedrentaron a sus víctimas por ser familiares de elementos de la Fuerza Armada (FAES).
Entre las razones que expresa la Sala de lo Constitucional, se encuentran agresiones físicas y sexuales, que sufrieron hombres y mujeres, a manos de los pandilleros. Estas fueron las razones que obligaron a los integrantes de la familia víctima a emprender un éxodo a causa del acoso de las pandillas.
La demanda es aceptada, los magistrados constitucionales ordenaron a la Policía y Fiscalía a adoptar “medidas pertinentes para asegurar la integridad personal y la seguridad de los demandantes respecto de las amenazas en su contra por parte de miembros de la Pandilla 18”.
Además, ordena “judicializar” a los responsables de los delitos denunciados por las víctimas y a investigar cualquier otro ilícito relacionado a dicho caso.
El comunicado emitido por la Sala de lo Constitucional, concluye ordenando además, que se deben proporcionar de forma inmediata los mecanismos de seguridad necesarios para que las víctimas puedan retornar a su domicilio para recuperar sus bienes.