El Colectivo Víctimas del Terrorismo en El Salvador exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue al presidente Salvador Sánchez Cerén, al vicepresidente Óscar Ortiz y a más de 100 exguerrilleros por los crímenes cometidos durante el conflicto armado en la década de los 80´s.
El vocero del colectivo, Férnan lvarez, lamentó que ningún comandante guerrillero se encuentra procesado o investigado por los delitos que diversos informes de la época los vinculan como autores materiales e intelectuales de atentados. “Hay impunidad”, dijo.
Entre estos, señala que el presidente Sánchez Cerén, conocido en el conflicto armado como comandante Leonel, tendría que ser uno de los principales investigados y procesados, ya que dirigió las Fuerzas Populares de Liberación (FPL), que se formó como el brazo armado de los cinco bloques que constituyeron el FMLN. Así como el vicepresidente Ortiz.
El Colectivo busca, además, que se investiguen a los expresidentes de la Asamblea Legislativa Sigfrido Reyes y Lorena Peña, por los delitos cometidos durante la guerra.
Entre los argumentos presentados para la demanda, están la derogación de la Amnistía, hecha en julio pasado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el “derecho a la verdad” derivado de los Artículos 1 y 2 de la Constitución; además de la idea del gobierno de una nueva generación de Acuerdos de Paz.
El colectivo consideró que unos acuerdos de esta índole no pueden ser posibles, si no se cierran las heridas sociales causadas por el conflicto.
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El pasado 8 de febrero dicho Colectivo pidió a la Fiscalía que se reabra los casos de dos crímenes cometidos por la exguerrilla del FMLN durante el conflicto armado (1980-1992), en los que las víctimas fueron ciudadanos estadounidenses.
Los hechos señalados son la matanza de cuatro marines estadounidenses ocurrido en un restaurante de la Zona Rosa el 19 de junio de 1985, y el derribo de un helicóptero con tres asesores militares norteamericanos, el 2 de enero de 1991 en Lolotique, San Miguel.
Entre los demandados por los representantes del colectivo, figuran excomandantes guerrilleros que son reconocidas figuras públicas. El más relevante es el presidente Salvador Sánchez Cerén, antiguo comandante general de las Fuerzas Populares de Liberación (FPL).
Fernán Álvarez, abogado del colectivo, indicó que los crímenes señalados fueron planificados por la antigua comandancia general del FMLN, principalmente por las organizaciones Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC).
Los principales dirigentes de estas organizaciones, Joaquín Villalobos y el exdiputado Francisco Jovel respectivamente, figuran en la demanda presentada por Álvarez. Otras personalidades relevantes son el excomandante general de la Resistencia Nacional (RN), Eduardo Sáncho; la excomandante del PRTC y actual diputada del FMLN, Nidia Díaz, y los excomandantes del ERP, Ana Guadalupe Martínez y Jorge Meléndez, actual director de Protección Civil.
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Por el crimen de la Zona Rosa, El Informe de la Comisión de la Verdad señala como responsable del atentado al Comando Urbano Mardoqueo Cruz del PRTC y como ejecutores a Ismael Dimas Aguilar y José Roberto Salazar Mendoza. También fue señalado Manuel Melgar, uno de los máximos jefes de la organización y actual Secretario Privado de la Presidencia.
Mientras que los asesores militares fallecidos en el derribo del helicóptero de Lolotique, fueron encontrados con disparos en la cabeza, según divulgó en su momento el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
La entonces emisora insurgente Radio Venceremos, se pronunció sobre el suceso, justificando que sus unidades “no diferenciaban en este momento si era una nave de guerra que sobrevolaba una zona de guerra, y en este contexto se ha producido el derribo”.