La Fiscalía General de la República (FGR) presentó el miércoles la acusación formal contra Nicola Ernesto Angelucci Silva, expresidente del Banco Multisectorial de Inversiones (BMI), y Sigfredo Armando Figueroa Salinas, exdirector de Infocentros. Ambos son acusados de cometer los delitos de peculado y negociaciones ilícitas.
La acusación presentada en el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador establece la apropiación indebida de $6,173,188.61. Y para fortalecer la acusación se ofertaron “informes financieros y las declaraciones de 37 testigos”, dijo la fiscal anticorrupción que presentó el requerimiento acusatorio.
El Ministerio Público cuenta con más de 400 documentos financieros que comprueban, según la unidad Anticorrupción, la apropiación indebida y la irregularidad en la concesión de más de seis millones de dólares.
La acusación fiscal señala que los acusados firmaron al menos siete convenios que riñen con la ley de adquisiciones, ya que estos no debieron suscribirse porque la ley del BMI no permite la firma de convenios con asociaciones sin fines de lucro, como en el caso de Infocentros
Los antecedentes del caso
Las investigaciones en contra de Angelucci y Figueroa iniciaron el año 2012, luego de un aviso interpuesto en la Fiscalía, donde se insinuaban erogaciones millonarias de parte del BMI a proyectos que no brindaron garantías comprobables de inversión efectiva de los fondos en el caso de Infocentros. En otros casos los fondos se comprobaron de forma parcial.
Nicola Ernesto Angelucci Silva fue nombrado presidente de la asociación Infocentros en el año 2000, instancia fundada como institución privada sin fines de lucro.
Infocentros estaba dirigida por una junta directiva compuesta por el presidente del BMI, Nicola Angelucci; el vicepresidente, el empresario Francisco de Sola; el secretario, Rafael Ibarra; la tesorera, Mirna Liévano de Márquez; además de tres directores: Fabricio Altamirano, Salvador Samayoa y Yolanda Mayora de Gavidia.
En esas fechas se promovió el proyecto denominado Red del Desarrollo que buscaba financiar una batería de proyectos de diferentes ramas para la generación de empleos por medio de la inyección de recursos públicos por medio del Fideicomiso Especial para la Creación de Empleo en Sectores Productivos Estratégicos (Fecepe).
Según la acusación fiscal, la red de Infocentros recibió $75,000 mensuales de parte del BMI, para la ejecución de dichos programas.
El Ministerio Público indica que por medio del convenio firmado entre el BMI e Infocentros se ejecutaron diversos proyectos, pero no se han encontrado documentos que evidencien la ejecución de los mismos.
“La Fiscalía considera que se manipularon los convenios de cooperación para favorecerse los imputados”, indica el requerimiento fiscal.
Las erogaciones que forman parte de las investigaciones fiscales se estiman desde 2002 hasta el 2008, lo que eleva la cifra señalada de mala administración a $6,173,188.61.