El Salvador
viernes 17 de enero de 2025

Acusación contra exfiscal Luis Martínez en proceso

por Redacción


El sacerdote español denunció al exfiscal Luis Martínez por haber revelado de forma indebida audios de su vida obtenidos mediante escuchas de telefónicas.

El exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González –quien guarda prisión en Mariona acusado de los delitos de fraude procesal, encubrimiento y omisión en la investigación− enfrenta una nueva imputación: Divulgación de material reservado, lo cual podría aumentar sus años en prisión si es encontrado culpable.

El 5 de octubre, la Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Luis Martínez de cometer el delito de divulgación de material reservado en perjuicio del sacerdote español Antonio Rodríguez López Tercero, conocido como «Padre Toño».

El Ministerio Público señaló que Martínez utilizó el sistema de intervención telefónica para grabar y divulgar las conversaciones personales del “Padre Toño”.

En la acusación, la Fiscalía presentó los detalles de los audios divulgados por Martínez en distintos momentos y escenarios. Además, han presentado 14 testigos y 20 documentos que contienen importantes aportes al caso.

El 26 de agosto de 2016, el sacerdote español denunció al exfiscal Luis Martínez por haber revelado de forma indebida audios de su vida obtenidos mediante escuchas de telefónicas.

Estos hechos ocurrieron en 2014, según el “Padre Toño”, quien también sostiene que los referidos audios fueron utilizados para presionarlo y que así aceptara los cargos durante el proceso judicial en su contra.

La Fiscalía ordenó el 4 de agosto de 2014 el arresto de Rodríguez López Trecero durante un operativo policial en el que se capturó a una presunta banda de funcionarios estatales, jueces y fiscales que presuntamente colaboran con las pandillas.

El 4 de septiembre de ese mismo año, el «Padre Toño» fue condenado a pasar 30 meses en prisión, pero debido a que la pena es menor a los 3 años recuperó la libertad ese mismo día.

El religioso fue acusado de introducir objetos ilícitos a penales del país. Y el proceso fue realizado en el Juzgado Especializado de Santa Ana.

Al «Padre Toño» le fue prohibido el ingreso a penales y comunicación con pandilleros, gozó del procedimiento judicial abreviado, pues había aceptado los cargos.

Martínez adulteraba proceso para favorecer a Enrique Rais

En septiembre de 2014, se solicitó a Miguel Ángel García Argüello, juez Séptimo de Instrucción, autorización para intervenir teléfonos mediante el Centro de Intervención a las Telecomunicaciones e indagar sobre supuestas amenazas de muerte contrael entonces fiscal general Luis Martínez.

Estas amenazas venían de personas allegadas al exdiputado suplente del PCN, Wilber Rivera Monge, condenado por integrar una red de lavado de dinero ligada al narcotraficante Jorge Ulloa Sibrían. Lo que escucharían en las intervenciones vincularía al juez Noveno de Paz, Romeo Aurora Giammatei, con un hijo de Rivera Monge.

Sigfredo Campos Crespo, entonces director del Centro de Intervención a las Telecomunicaciones, notificó de lo escuchado a Luis Martínez, para ampliar la intervención contra el juez Aurora Giammatei. A través de esa intervención, se constató que este juzgador convenía procesos judiciales para favorecer a terceros.

Fue así como fueron interceptadas varias comunicaciones telefónicas entre Giammatei y el abogado Wilfredo Ernesto Gutiérrez, un empleado del empresario Enrique Rais, célebre por un largo litigio legal contra empresarios canadienses por el control de la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES) y por haber sido arrestado en 2001 por defraudación a la economía pública.

La Fiscalía interceptó 27 conversaciones entre el juez Giammatei y Wilfredo Gutiérrez, en el que convenían la presentación de un caso en el que Enrique Rais acusaba de amenazas con agravantes a Claudia María Herrera Díaz, demanda que fue interpuesta el 26 de septiembre de 2014.

Menos de un mes después de interpuesta la demanda, el 20 de octubre del mismo año, empiezan las conversaciones vía telefónica entre Giammatei y Gutiérrez, en las que planteaban la presentación del caso ante el juzgado Noveno de Paz. Ese mismo día se decretaría detención administrativa contra Claudia Herrera y Amílcar Hernández Serrano.

En el convenio entre Giammatei y Gutiérrez, también involucraban a Mauricio Antonio Álvarez, juez Noveno de Paz suplente, el cual asumiría el requerimiento judicial contra Herrera y Serrano, mientras Giammatei tramitaba una incapacidad médica.

El Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador ha decretado una orden de búsqueda y captura internacional contra el empresario Enrique Rais, acusado de delitos como fraude procesal y cohecho activo, como parte de una red de corrupción judicial que manipulaba audiencias legales a su beneficio.

Enrique Rais, quien huyó a Suiza, es acusado de cohecho activo, fraude procesal y falsedad ideológica.

El 14 de julio de 2016, el presidente del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), Marcel Orestes Posada, confirmó que el ex fiscal general de la República Luis Martínez, valiéndose de su cargo, “vendió justicia” al empresario José Aquiles Enrique Rais a cambio de favores personales, entre los que destacan una larga lista viajes en jets privados a varios países.

También procesado por enriquecimiento ilícito

El exfiscal Martínez también es procesado por enriquecimiento ilícito. El exfuncionario no ha podido justificar cuentas bancarias que estaban a su nombre, de su esposa y de un hijo.

Según la investigación de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, existen depósitos bancarios realizados a nombre de la cónyuge del exfiscal, Carla Francesca García Rossi de Martínez, quien no percibe ingresos. La investigación encontró $9,850.00, cuyo origen se desconoce, a la esposa de Martínez.

Probidad encontró también cuentas bancarias a nombre de Luis Carlos Martínez García, hijo del exfuncionario, por la cantidad de $60,470.00, cuyo origen se desconoce.

“Ello hace un total de $60,470.00 en depósitos realizados en el período en que se desempeñó como FGR, tanto en cuentas corrientes como en cuentas de ahorro de su cónyuge y de uno de sus hijos, respecto de los cuales se desconoce su origen”, de acuerdo con la investigación de Probidad.