Autoridades de Seguridad Pública presentaron a la Asamblea Legislativa un pliego de reformas de ley para incluir a la Policía Nacional Civil (PNC) en el combate directo a las estructuras de lavado de dinero y se permita la creación de una división de investigación financiera dentro de la corporación.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, aseguró la reforma a la Ley Orgánica de la PNC daría más facultades a dicha institución para luchar contra el lavado de dinero que realizan, principalmente, las pandillas con el dinero proveniente de las extorsiones.
«Estamos llevando a consideración de los señores diputados, que aprueben, que dentro de la Policía Nacional Civil se cree una entidad que se dedique de una forma especializada a obtención de información y análisis sobre esa problemática», dijo el funcionario.
Asimismo, el titular de dicho ministerio, afirmó que solicitan las reformas a la Ley de Lavado de Dinero para que los entes obligados a brindar información al Estado, también incluyan en sus reportes a la Policía.
«Que los órganos obligados a reportar operaciones financiera; pues también, informar a la Policía Nacional Civil, a través de esta nueva división», explicó el ministro
Las reformas también incluyen a la Ley Especial Antiextorsión, con las cuales las autoridades buscan que el Ministerio de Justicia y Seguridad asuma la representación legal de las víctimas de extorsión; de esa forma, los afectados no tendrían que ir a los tribunales y declarar frente a los extorsionistas.
Lo anterior, según Ramírez Landaverde, forma parte del Plan Nacional Antiextorsiones que impulsa el gobierno central.
Más protección a policías
El funcionario también solicitó que las medidas de protección para Policías, soldados y fiscales, se amplíen al sistema penitenciario y el órgano judicial, con el objetivo que se incrementen las penas contra los que se atrevan a atentar contra la vida de empleados públicos ligados a la seguridad pública.
«Mayores medidas de protección y seguridad a los miembros de la Policía Nacional Civil, Fuerza Armada, Dirección General de Centros Penales, Fiscalía y Órgano Judicial. Lo más importante es que seamos más efectivos y eliminemos las amenazas que sobre estas instituciones recaen», expresó el titular de Seguridad y Justicia ante los medios de comunicación.
Además entre las reformas se encuentran que los que ataquen a policías, fiscales, jueces, custodios y militares, no gocen de beneficios en el sistema penitenciario.
Finalmente, las autoridades solicitaron a los diputados aprobar reformas de ley que permitan a los jueces emitir órdenes de protección a favor de miembros de seguridad públicas que se sientan amenazados por pandillas, y si estas medidas son incumplidas por delincuentes, se les castigue por dicho delito establecido en el Código Penal.