Dos médicos del Hospital Nacional Santa Gertrudis de la ciudad de San Vicente fueron declarados culpables del delito de homicidio culposo contra un joven que murió por no recibir un diagnostico enfermedad que padecía.
Cristian Ernesto Granados Escoto, de 20 años de edad, llegó al hospital Santa Gertrudis, de San Vicente, el 10 de octubre de 2014 acompañado de sus padres. El joven presentaba dolor de cabeza, fiebre alta, dolores en las manos, los pies y calambres frecuentes.
Cristian fue atendido por el doctor Ramírez Martínez, quien según la familia, mostró un total desinterés al momento de atender al paciente y sin realiza un chequeo médico le recetó acetaminofén y la colocación de un suero.
Los familiares confiaron en el diagnóstico médico y llevaron a Cristian a de regreso a su vivienda, a pesar que no presentaba mejoría alguna en su estado de salud.
Dos días después, los padres de Granados Escoto lo llevaron nuevamente al hospital, debido a que su estado de salud había empeorado. El paciente fue recibido por el médico Romero Castro, quien aseguró que padecía Chikungunya.
Cristian con mucho dolor se quejaba frente al médico, quien le respondió “vos crees que por estar haciendo así te voy a pasar rápido”. Minutos más tarde el joven se desmayó en la sala de espera, cayó al suelo a los pies del médico e inmediatamente los padres salieron en búsqueda de una silla de rueda, pero cuando regresaron encontraron a su hijo convulsionando, Romero Castro había desaparecido.
Esa misma noche, el médico decidió enviarlo de emergencia al hospital Rosales de San Salvador, donde fue declarado en estado de coma y posteriormente murió tras sufrir un paro cardíaco.
La autopsia del joven reveló que padecía Meningo-Encefalitis; es decir, una inflamación en el cerebro.
El de Sentencia de San Vicente encontró las pruebas suficientes, tanto periciales como testimoniales que determinan la culpabilidad de los doctores Pablo Antonio Romero Castro, de 27 años y Julio César Ramírez Martínez, de 43 años de edad.
Sin embargo, el tribunal sustituyó la pena de tres años de cárcel por 144 jornadas de trabajo de utilidad pública y la suspensión para ejercer profesionalmente durante la pena. Además, de pagar $500 dólares en concepto de responsabilidad civil.