Una orden de captura internacional girada el 23 de enero pasado por el juzgado Octavo de Instrucción no le ha impedido al empresario suizo-salvadoreño Enrique Rais para dilatar los procesos legales que pesan en su contra y orquestar amenazas y atentados contra personeros del Ministerio Público y aquellos abogados que representan a sus adversarios en los juzgados.
El pasado 4 de septiembre, el fiscal general Douglas Meléndez denunció una serie de amenazas dirigidas hacia él y a su grupo familiar, a la vez que reveló que el esposo de la fiscal del caso que liga Enrique Rais con una red de corrupción judicial, fue víctima de una atentado un día antes.
“Ayer domingo (3 de septiembre) me informaron en horas de la mañana que una fiscal, la fiscal principal del caso Rais, que han sacado en desplegados su nombre, fue motivo presuntamente de un atentado. A las 8:00 de la mañana, el esposo salió en un vehículo que utiliza la fiscal… pensaron que la fiscal iba ahí”, dijo Meléndez en una entrevista concedida a Telecorporación Salvadoreña.
El fiscal general no dudó en señalar a Raís como el responsable de las amenazas: “Este señor tenía influencias directas con el exfiscal, por lo que también está procesado el exfiscal por este caso. Manejaba personal en la Fiscalía, tenía una estructura para favorecerse a ellos mismos y para hundir a quien fuere en este país” aseveró.
Además sostuvo que los abogados de Rais en El Salvador mantienen una campaña en su contra y contra la Fiscalía General de la República, con el objetivo de desprestigiar a la institución y hacer ver como víctima al imputado.
Foto D1, archivo.
Meléndez hacía alusión a la sociedad que Rais mantenía con el exfiscal general Luis Martínez, con quien tenían un acuerdo para dañar penalmente a sus enemigos a través de la manipulación de pruebas en procesos penales.
De esta sociedad salía beneficiado Martínez a través de diversas dádivas como viajes en aviones, pago de comisiones y montos de dineros no especificados. Varios de estos hechos sirvieron como prueba y fueron la base por el cual el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) juzgó y encontró culpable a Martínez.
De acuerdo a una publicación de la Revista Factum de noviembre de 2014, desde febrero del 2013, a pocos meses de haber tomado posesión como fiscal, hasta agosto del 2014, Martínez realizó 66 vuelos, de los cuales 40 fueron en aeronaves privadas. La oficial de información de la Fiscalía, Deisi Marina Posada, confirmó 11 viajes realizados en 2013 y 12 en 2014 por medio de una respuesta a una solicitud hecha por el Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC) de FUNDE.
El fiscal fue duramente cuestionado por esos viajes, al mismo tiempo que en la Fiscalía se fueron desvaneciendo los casos que acusaban al empresario de haber desviado $240 mil de la sociedad mixta MIDES a cuentas personales en Cuba y Estados Unidos para pagar cuentas personales.
Actualmente el exfiscal Martínez guarda prisión en el centro penal La Esperanza (Mariona), acusado de obstruir investigaciones fiscales contra Rais, quien por su parte es buscado por la justicia por los delitos de cohecho activo, fraude procesal y falsedad ideológica. Además del empresario, deben ser capturados nuevamente los imputados Romeo Aurora Giammattei, Mauricio Antonio Álvarez Gálvez, Wilfredo Ernesto Gutiérrez Ayala, Hugo Ernesto Blanco Rais y Julio Adalberto Arriaza González; los cuales trabajaban para él conformando una red de corrupción judicial.
Exfiscal Luis Martínez. Foto D1, archivo.
Rais mantiene además un largo litigio penal contra los empresarios canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti por la propiedad de MIDES. Estos empresarios sostienen que los negocios vinculadas a Enrique Rais incumplieron el pago del precio de la venta de las acciones de la sociedad TRADESAL, titular del 90% de las acciones de MIDES.
Por este caso podría enfrentar próximamente los delitos de administración fraudulenta y estafa, pero en dicha instancia también se ha valido de su poder e influencia para dilatar las investigaciones en su contra y amedrentar a las personas que representan legalmente a sus adversarios.
Diario 1 tuvo acceso a una carta enviada por el despacho de abogados Romero Pineda y Asociados, quienes hasta junio de 2014 eran representantes legales en El Salvador de Pasquale y Pacetti, en la que renunciaban a ejercer como los representantes de ambos.
La misiva dirigida en idioma inglés señala tres motivos por los cuales la firma renunciaba a prestar sus servicios a Pasquale y Pacetti. La segunda y la tercera razón aluden al recibimiento de amenazas de muerte por parte del abogado responsable de la querella de los canadienses.
“He recibido personalmente amenazas de muerte por mi involucramiento en este caso, forzándome a no continuar representando su interés legal”, expresó en la carta un abogado asociado a la compañía, quien además añadió: “Mi familia ha estado involucrada en dos incidentes que han puesto en peligro sus vidas”.
“Consideramos en todo tiempo que su caso tiene una base fuerte para ser discutido ante las cortes de El Salvador, pero desafortunadamente hemos tomado esa decisión por las causas antes mencionadas”, menciona la carta, sin mencionar la fuente de dichas amenazas.
Respecto a las amenazas dirigidas hacia él y su persona, el fiscal Douglas Meléndez se reunió la semana pasada con un grupo de embajadores acreditados en el pañis, dentro de los que se encontraban Jean Manes de Estados Unidos, Maryse Guilbeault de Canadá y Bernhard Garside de Gran Bretaña.