Los empresarios canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, quienes mantienen un litigio con su exsocio y prófugo de la justicia Enrique Rais, por el control de la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES), demandarán por el delito de difamación a Rais y a su apoderada legal Silvia Bonilla, según fuentes cercanas al entorno de los canadienses.
La demanda en desarrollo surge luego de un campo pagado rubricado por Bonilla y otros dos abogados defensores de Rais, el cual fue publicado el pasado 12 de septiembre. En la publicación se acusa a Pasquale y Pacetti de encontrarse registrados en los archivos de la Real Policía Montada de Canadá, como individuos altamente peligrosos y han sido condenados a penas de prisión de 7 y 11 anos por el FBI y la Policía Montada de Canadá por delitos de importación de drogas y están relacionados con la mafia internacional».
Los nombres de Pasquale y Pacetti no aparecen en los registros de antecedentes criminales de la Policía Montada de Canadá, la cual al tratarse de una entidad policial no puede condenar a prisión a ningún sospechoso, a diferencia de como lo explica el comunicado del equipo legal de Rais.
De la misma forma el FBI no contempla entre sus archivos a Pasquale y Pacetti como sujetos con antecedentes criminales o ligados a grupos delictivos. De hecho, Matteo Pasquale fue invitado por el Departamento de Estado, el FBI & DEA a viajar a Estados Unidos como parte de las investigaciones que esos organismos efectúan sobre Enrique Rais y otros personas cercanas a dicho cuestionado empresario.
En cambio, Rais es buscado por la justicia salvadoreña desde principios de 2017 por los delitos de cohecho activo, fraude procesal y falsedad ideológica. Además del empresario, deben ser capturados nuevamente los imputados Romeo Aurora Giammattei, Mauricio Antonio Álvarez Gálvez, Wilfredo Ernesto Gutiérrez Ayala, Hugo Ernesto Blanco Rais y Julio Adalberto Arriaza González; los cuales trabajaban para él conformando una red de corrupción judicial.
El empresario fue capturado el 22 de agosto de 2016 y unos días más tarde el Juzgado Séptimo de Paz le dio medidas sustitutivas al arresto. Cuatro meses más tarde, el 12 de enero de este año, la Cámara Primero de lo Penal de la Primera Sección del Centro revocó esta resolución y ordenó la detención de Rais y otros implicados, entre ellos el exfiscal general Luis Martínez.
Desde ese entonces Rais y su círculo cercano huye de la justicia. De los implicados del caso, solo el exfiscal Luis Martínez guarda prisión, concretamente en el centro penal La Esperanza (Mariona).
El equipo legal de Rais ha seguido una estrategia de subterfugios legales para dilatar las investigaciones sobre el caso que vincula al empresario con una red de corrupción judicial y las denuncias de los empresarios canadienses.
Entre estos recursos se encuentran sendas denuncias interpuestas en instancias legales de Suiza, país del que Rais posee nacionalidad. Además, se han promovido denuncias contra el fiscal general Douglas Meléndez y los fiscales que llevan el caso de su cliente.
La historia del litigio Pasquale-Pacetti vs Rais
Matteo Pascuale y Franco Pacetti, antiguos socios de Rais, alegan que las empresas vinculadas a este incumplieron el pago del precio de la venta de las acciones de la sociedad TRADESAL, titular del 90% de las acciones de MIDES.
MIDES surgió en 1999 tras convertirse en el primer asocio público privado del país luego de establecer un convenio con las alcaldías que son parte del Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS).
Las acciones de MIDES están divididas en 90% para el sector privado y el 10% restante para el COAMSS. Originalmente ese 90% de acciones de MIDES fue dividido en partes iguales entre Rais y los empresarios canadienses Pasquale y Pacetti.
El litigio legal comenzó cuando la empresa Cindesol Inc (anteriormente Cintec International Inc.), una empresa domiciliada en Barbados y propiedad de los canadienses, acordó con la empresa panameña Inversiones del Istmo la venta del 90 % de las acciones de MIDES. Según Rais, la empresa Inversiones del Istmo es 100% de su propiedad pero según un documento intitulado “Trust Declaration” que Rais firmó por primera vez en 2007 y luego en 2008, los accionistas de la sociedad Inversiones del Istmo, son 50% Rais y 50% Pacetti. Rais ha alegado, más de 5 años después de haber firmado dichos documentos, que los firmó bajo presión.
Sin embargo, esta venta no iba a ser directa: las acciones de Cindesol Inc. no iban a pasar a la empresa Inversiones del Istmo, sino que a TRADESAL, propiedad de Rais, que también está domiciliada en Barbados, una pequeña isla del Caribe.
El 31 de marzo de 2004 Cindesol Inc. vendió 1,800 acciones de las 2,000 que constituían el capital accionario de la sociedad MIDES a favor de TRADESAL. Las otras 200 acciones de MIDES se quedaron en las manos de COAMSS, lo que dejaba a TRADESAL, como propietario de 90% las acciones de MIDES y COAMSS como propietario de 10% de las acciones de MIDES.
El precio por la venta de las acciones de TRADESAL, por parte de Cindesol Inc. a favor de Inversiones del Istmo, se pactó en $11 millones, generando el pago de intereses cancelados por medio de 60 cuotas mensuales de $250,283.80. Empero, Inversiones del Istmo solicitó en varias oportunidades el refinanciamiento del crédito y el precio de venta para las acciones de TRADESAL con la empresa Cindesol Inc. Hasta el día de hoy los canadienses alegan que este precio no ha sido cancelado en su totalidad.
Ante las denuncias de incumplimiento de pago por parte de Pasquale y Pacetti, Rais presentó en 2013 una demanda contra los empresarios canadienses porque, a pesar de supuestamente haberles pagado los $11 millones más intereses sobre el saldo de venta, estos no le habían entregado las acciones de TRADESAL. No obstante las alegaciones de Rais, una auditoría contable forense de la firma Ernst & Young, llevada a cabo en fecha del 19 febrero 2016, concluyó que hasta el 31 octubre 2015, Inversiones del Istmo debía a Cindesol, Inc. más de $5,000,000.00 del precio pactado para la compra de las acciones de TRADESAL.
En diciembre de ese mismo año, Pasquale y Pacetti presentaron una demanda por administración fraudulenta continuada y estafa cometida sobre la sociedad MIDES y en perjuicio de las sociedades TRADESAL y Cindesol. Por este delito también están denunciados Marie Annette Clairmont de Rais y Michelle Marie Rais de Barake, esposa e hija de Enrique Rais respectivamente, además de su sobrino Hugo Blanco Rais y su empleada de confianza Claudia Marina Alvergue Martínez.
Otra denuncia por administración fraudulenta pesa sobre Rais desde el 17 de marzo de 2014, por supuestas anomalías cometidas en las empresas MIDE, S.A. DE C.V y CAPSA, S.A. de C.V. Tanto su esposa y su hija están incluidas en esta demanda.
El Juzgado Decimocuarto de Paz de San Salvador emitió sobreseimiento definitivo sobre estas denuncias a todos los señalados, en una decisión cuestionada por supuestos vicios legales como la no investigación de los delitos denunciados por parte de la Fiscalía.
En razón de eso la Sala de lo Penal dictaminó el 18 de enero de 2016 dejar sin efecto dicho sobreseimiento y empezar con las diligencias legales en torno a los casos. En razón de ello, la Cámara Tercera de lo Penal ordenó el 29 de abril de este año un sobreseimiento provisional con el que ordenó a la Fiscalía a investigar los hechos denunciados contra Rais y su familia.
Para esto se ordenaron auditorias y peritajes financieros, solicitando informes bancarios de las cuentas y las transferencias señaladas como anómalas.
El último recurso interpuesto por los abogados de Enrique Rais y su familia para impedir las investigaciones en este caso fue declarado inadmisible por magistrados suplentes de la Sala de lo Penal el 27 de abril de 2017 y ha declarado firme el sobreseimiento provisional que permitirá la investigación de los delitos denunciados por parte de la Fiscalía de Douglas Meléndez.