El Juzgado Especializado de Sentencia de San Salvador realizó este miércoles el tercer día de juicio por el caso tregua contra 18 exfuncionarios señalados de cometer diversos ilícitos.
Entre los testigos que fueron entrevistados se encuentra un custodio que aseguró que grabó la pornofiesta realizada el día del privado de libertad del año 2012 en el marco del proceso de la tregua entre pandillas que significó una serie de beneficios carcelarios a cambio de la reducción de homicidios entre los años 2012 al 2013, según la Fiscalía.
De acuerdo con la declaración del testigo de cargo de la Fiscalía, el custodio estaba destacado como agente penitenciario en el centro penal de Izalco, en Sonsonate, donde era el encargado del monitoreo de centro de videovigilancia.
En esa época, el director del penal de Izalco era Juan José Zepeda, quien también es vinculado en el caso tregua.
El testigo de Fiscalía señaló que los cuatro agentes destacados en el centro de video vigilancia recibieron la orden de cumplir con “la misión” de «documentar» o realizar la grabación del video de la pornofiesta realizada con motivo de la celebración del día del privado de libertad.
Además, sostuvo que la fiesta inicialmente se tenía programada realizarla entre internos y visitantes. “El director del penal de ese entonces me encargó filmar esa fiesta con muchachas”, dijo el testigo.
Posteriormente, la sorpresa fue que en “medio de la celebración ingresaron cuatro mujeres que comenzaron a bailar, terminando prácticamente sin ropa”, señaló.
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De los cuatro custodios destacados en el centro de video vigilancia, fueron dos custodios los designados para filmar la fiesta. Según el relato, fueron cuatro mujeres las que bailaron desnudas durante un aproximado de tres horas.
Tras la revelación del video publicado en febrero de 2016, por el periódico La Prensa Gráfica (LPG), la Dirección General de Centros Penales (DGCP), dirigida en ese entonces por Rodil Hernández, manifestaron mediante un comunicado mostrarse dispuestos a contribuir a la investigación realizada por Fiscalía.
La Fiscalía ha señalado a Raúl Mijango como el ejecutor de la tregua desde los centros penales. Dicho proceso abarcó desde 2012 a 2014.
La acusación por parte de la Fiscalía sostiene que Mijango disponía de acceso total a los centros penales y hasta usaba vehículos estatales para su movilización y la de sus allegados. Algunos testigos sostienen que Mijango llegó a asumir tal poder en influencia en las pandillas, que hasta ordenó asesinatos contra miembros de la Policía.
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