Este jueves fue suspendida la audiencia preliminar contra el expresentador de televisión Alejandro Maximiliano González, conocido como “Gordo Max”, y otras tres personas acusadas por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de remuneración por actos sexuales con menores de edad.
La diligencia judicial fue suspendida ya que la Fiscalía solicitó “tiempo” para realizar “diligencias pendientes”, como una “inspección”, que no se ha realizado en los nueve meses de investigación que han otorgado los tribunales que han ventilado el caso.
La audiencia preliminar, fue reprogramada para el 26 de septiembre, informaron fuentes judiciales.
Junto al “Gordo Max”, son acusados por el mismo delito Ernesto Regalado O’ Sullivan, Salvador Enrique García y Luis Alonso Marroquín.
El lunes 17 de julio se vencieron los seis meses otorgados por el Juzgado 8o. de Paz a la Fiscalía para completar la investigación en contra de Maximiliano González. Según fuentes consultadas, en ese momento se dijo que “la Fiscalía no logró localizar a la supuesta víctima, por lo que no se cuenta con su testimonio y no habría pruebas”.
Sin embargo, un mes después, el pasado 18 de agosto, tras dos intentos fallidos, la Fiscalía logró que la víctima con régimen de protección brindara su declaración anticipada. Esto lo requirió la Fiscalía bajo por el temor de perder el testimonio y blindar el caso.
En la audiencia preliminar se podrá determinar si los acusados, de pagar por recibir favores sexuales de menores de edad, pasan a juicio o quedan en libertad, bajo la modalidad provisional o definitiva.
Durante la diligencia el Ministerio Público tendrá la oportunidad de presentar las pruebas recopiladas durante nueve meses de investigación, entre las que figura una única prueba que es el testimonio de la víctima.
Los antecedentes
Max González fue mencionado desde 2014 como uno de los clientes de una red de trata de menores desbaratada en 2014. El proceso judicial fue declarado con reservas totales, a petición de la Fiscalía General de la República, en ese entonces dirigida por Luis Martínez.
Según la Fiscalía, el animador habría sido encausado ese mismo año, pero luego se le confirió calidad de “testigo clave” en el caso, razón por la cual el fiscal Douglas Meléndez abrió una investigación interna.
Allan Hernández, director de Áreas Especializadas de la Fiscalía, explicó que las pruebas para procesar a González y a otros tres implicados más fueron brindadas por víctimas de la red que recibieron protección para testificar.
Una de las víctimas, de acuerdo con la Fiscalía, fue sistemáticamente explotada por la red que mantuvo comunicación con Max González, desde que tenía 13 años, entre 2008 y 2012.
Luego de reabrir el proceso bajo la administración de Douglas Meléndez, la mañana del martes 3 de enero se capturó a Max González, Ernesto José Regalado, Salvador García Arévalo y Luis Alonso Marroquín.
El 5 de enero se presentó la acusación formal contra Max González y los ortros tres detenidos. En esa ocasión, el animador de radio y televisión dijo ser “inocente”, y añadió “pido oraciones; muchos que me conocen saben quién soy. Hay muchos que me conocen y saben quién soy. A esas personas les pido que oren por mí”, expresó González a los medios de comunicación.
“Espero que todo se aclare, esto es muy difícil, es devastador para mi familia… solo quiero decir que no soy un delincuente”, insistió González quien no fue esposado por la Policía.
Ana Herrera, jefa de la unidad de Trata de Personas de la Policía, aseguró que en los allanamientos a las viviendas de los imputados se encontraron equipos electrónicos que reflejan la interacción que mantenían con las personas que vendían a las jóvenes para tener sexo a cambio de dinero.
La fiscal del caso aseguró durante la instalación de la audiencia inicial que “una de las víctimas que guarda régimen de protección los identifica como clientes”. Esta era la clave del caso según la Fiscalía.
En ese momento la Fiscalía indicó que los hechos ocurrieron entre los años 2008 y 2012, cuando la víctima tenía 13 años de edad y cuando empezó a ser utilizada por una red de trata que fue condenada en 2014.
El Ministerio Público ha presentado como pruebas en este caso, una serie de conversaciones entre González y Regalado con dos mujeres que eran proxenetas de la red de trata.
La Dirección Nacional de Centros Penales habilitó el sector nueve del penal La Esperanza, conocido como Mariona, para resguardar a Max González, y los tres implicados en el caso de remuneración por actos sexuales; además comparten sector con Elías Antonio Saca González y otros exfuncionarios acusados de malversación de fondos y lavado de dinero.