Un nuevo elemento se une a la lista de evidencias incriminatorias contra una red de corrupción judicial en la que se encuentra vinculado el empresario Enrique Rais y al menos ocho personas más. Fuentes fiscales confirmaron que una agenda incautada en allanamientos practicados en las oficinas de los involucrados en esta red añade pruebas que podrían ser usadas por el Ministerio Público.
Los fiscales del caso solicitaron recientemente al Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador autorización para practicar una experticia grafotécnica en dicha agenda, la cual lleva la inscripción “RAIS GROUP” en la portada y que en un principio se sospechó que era propiedad de Wilfredo Gutiérrez, abogado de cabecera del empresario.
La pericia tenía el objetivo de determinar si los apuntes manuscritos correspondían al licenciado Gutiérrez Ayala. La Fiscalía se enfocó en dos apuntes del año 2014 y en uno de ellos con fecha 3 de mayo dice:
“Se sintió disminuido por las presiones de pago y firmaron documentos amenazados (sobre todo Hugo). Se le ve afectación .- Correos de pagos de máquina de E.R. Pericia de Tobias.1- P. Psicológica 2.-P.Correos. 3-P.Tobias.- Al tener todo lo de Tobías cerramos los otros casos.”
Otra anotación con fecha 27 de mayo de 2014 fue encontrada en la agenda y dice lo siguiente:
“”No enviar más personas emisarias … No comentar con fiscales que ella apoyará porque tiene un hijo fiscal….No comentar con colaboradores del caso porque no quiere comentarios en el interior del Tribunal…Les decretara detención provisional….40 inicio día de la querella y 40 después de la detención … Colaboradores: quieren la querella en digital …Nosotros podemos elaborar el acta de Aud. Inicial en colaboración con ellos ….Juan es el que aconseja al Tribunal de cómo se debe resolver“””.
Cabe resaltar que un día antes de esa anotación, el 26 de abril de 2014, los fiscales Max Alejandro Muñoz Menjívar y Allan Edward Hernández Portillo presentaron un requerimiento contra los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, los empresarios con los que Enrique Rais tiene un litigio por el control del negocio de la basura en El Salvador.
Entre los documentos que forman parte del requerimiento contra los canadienses está incorporado un peritaje financiero realizado por el ex Jefe de la Unidad Financiera de la Fiscalía Tovías Armando Menjívar Tovar, el cual establece que el crédito otorgado por la sociedad Barbadense CINDESOL INC., propiedad de los empresarios canadienses, a la sociedad panameña Inversiones y Servicios del ISTMO S.A., cuyo propietario final es Enrique Rais, para la compra de acciones de la empresa MIDES SEM DE C.V. a la fecha se encuentra totalmente cancelado, tanto en su capital como en sus intereses.
También se incorporaron pericias psicológicas supuestamente practicadas a Enrique Rais y su sobrino Hugo Ernesto Blanco Rais, por el perito Nestor Francisco Recinos, en fecha 9 de mayo de 2014. Todos estos aspectos se mencionan en la anotación de la agenda incautada por la Fiscalía.
Enrique Rais y otros implicados en el caso de adulteración de procesos judiciales. Foto D1, Archivo.
El 1 de junio de este año, el Laboratorio de Investigación Científica del Delito de la Policía Nacional Civil (PNC) determinó que la escritura en la agenda es de Wilfredo Gutiérrez, abogado de Enrique Rais: “La escritura manuscrita objeto de análisis, ha sido elaborada por la misma persona que plasmo la escritura manuscrita en el Formulario de Aplicación para el Documento Unico del Registro Nacional de Personas Naturales de la República de El Salvador de fecha 31 – 10 – 02 a nombre de Wilfredo Ernesto Gutiérrez Ayala”, concluyó el análisis.
Esto se añade a la prueba obtenida por medio de escuchas telefónicas obtenidas por la Fiscalía, en las que aparece Gutiérrez hablando con el exjuez Noveno de Paz Romeo Aurora Giammatei.
El Ministerio Público interceptó 27 conversaciones entre el juez Giammatei y Wilfredo Gutiérrez, en el que convenían la presentación de un caso en el que Enrique Rais acusaba de amenazas con agravantes a Claudia María Herrera Díaz, demanda que fue interpuesta el 26 de septiembre de 2014.
Menos de un mes después de interpuesta la demanda, el 20 de octubre del mismo año, empiezan las conversaciones vía telefónica entre Giammatei y Gutiérrez, en las que planteaban la presentación del caso ante el juzgado Noveno de Paz. Ese mismo día se decretaría detención administrativa contra Claudia Herrera y Amílcar Hernández Serrano.
En el convenio entre Giammatei y Gutiérrez, también involucraban a Mauricio Antonio Álvarez, juez Noveno de Paz suplente, el cual asumiría el requerimiento judicial contra Herrera y Serrano, mientras Giammatei tramitaba una incapacidad médica.
Todas estas llamadas fueron interceptadas por Sigfredo Campos Crespo, entonces director del Centro de Intervención a las Telecomunicaciones, quien pretendía proporcionárselas al entonces fiscal general Luis Martínez para que iniciara investigaciones contra el juez Aurora Giammatei, pero según el requerimiento fiscal en posesión del Juzgado Octavo de Instrucción, Martínez le daba largas a dicho asunto.
Campos Crespo es parte de los cuatro testigos presentados por la Fiscalía en los cuatro hechos de los cuales se acusa a esta red de nueve personas. Por lo anterior, a Luis Martínez se le acusa de omisión de investigación y fraude procesal; a Enrique Rais y a Wilfredo Gutiérrez de de falsedad ideológica, fraude procesal y cohecho activo; mientras que el juez Aurora Giammatei es acusado de prevaricato.
De acuerdo con una publicación de la Revista Factum de noviembre de 2014, desde febrero del 2013, a pocos meses de haber tomado posesión como fiscal, hasta agosto del 2014, Martínez realizó 66 vuelos, de los cuales 40 fueron en aeronaves privadas. La oficial de información de la Fiscalía, Deisi Marina Posada, confirmó 11 viajes realizados en 2013 y 12 en 2014 por medio de una respuesta a una solicitud hecha por el Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC) de FUNDE.
El fiscal fue duramente cuestionado por esos viajes, al mismo tiempo que en la Fiscalía se fueron desvaneciendo los casos que acusaban al empresario de haber desviado $240 mil de la sociedad mixta MIDES a cuentas personales en Cuba y Estados Unidos para pagar cuentas personales.
Tanto Rais como Gutiérrez se encuentran prófugos de la justicia desde enero de este año, cuando el Juzgado Octavo de Instrucción giró orden de captura en su contra al no acceder a entregarse voluntariamente, luego que la Cámara Primero de lo Penal de la Primera Sección del Centro revocara sus medidas sustitutivas al arresto.