El fiscal general Douglas Meléndez cuestionó este jueves el testimonio del ministro de Defensa David Munguía Payés en el caso tregua y lo señaló de carecer de toda credibilidad al haber participado en tan cuestionado proceso que tiene a más de 15 personas en el banquillo de los acusados.
“El ministro de Defensa no tiene credibilidad porque cuando llegó a la Fiscalía admitió haber recibido $25 mil durante la tregua y no dijo ni cómo los ocupó”, aseguró Meléndez en declaraciones ante la prensa.
Este aspecto fue revelado por primera vez a principios de junio, cuando según investigaciones de la Fiscalía, durante la tregua se estuvo usando las ganancias de las tiendas que funcionan en los centros penales para financiar gastos relacionados con la tregua y personas vinculadas a la misma.
Munguía Payés es uno de los testigos de la defensa de los acusados en el caso. El actuar titular de la Defensa nacional fue ministro de Justicia y Seguridad durante la tregua, un proceso que calificó en repetidas ocasiones como parte de su estrategia para reducir el crimen.
Incluso después de haber sido apartado de su cargo, Munguía Payés ha defendido la tregua y recientemente señaló que el caso que actualmente se ventila en tribunales, fue creado por el antecesor de Meléndez en la Fiscalía, Luis Martínez.
“No es posible que un funcionario como el ministro de Defensa declara a favor de los imputados y cuestione la forma en cómo la Fiscalía maneja los testigos criteriados”, cuestionó.
El llamado caso tregua se encuentra en su fase de vista pública y varios de los testigos concuerdan que dicho proceso fue amparado por el gobierno de Mauricio Funes como una política estatal y que el entonces mandatario se reunía con los mediadores para seguir el proceso.
Meléndez señaló que uno de los testigos criteriados que maneja la Fiscalía es claro en admitir que hubo una negociación para bajar los homicidios con la tregua y favorecer a las pandillas.
Además reiteró que se han usado recursos del Estado y que instituciones como la Policía Nacional Civil (PNC), la Fuerza Armada y el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) respaldaron el proceso que abarcó de 2012 a 2014 y redujo de manera drástica el índice de homicidios en el país.
Agregó también que dependiendo de los resultados en el caso y las revelaciones testimoniales, las investigaciones podrían abarcar a más personas, ya que a su juicio “se negociaron con las vidas de salvadoreños en la tregua”.
Por otra parte estableció que la tregua no era delito cuando se ejecutó, pero con las reformas ejecutadas en 2016 en las que toda negociación con grupos criminales es un delito, hora sí lo es.
“Si la tregua hubiese sido delito cuando se ejecutó, varios de los testigos estarían en el banquillo de los acusados”, sentenció Meléndez.