El jefe de la Unidad Especializada Contra el Crimen Organizado de la Fiscalía General de la República (FGR) informó que Elías Antonio Saca será acusado por el delito de cohecho activo tras sobornar a una colaboradora de la Cámara Primero de lo Civil para que le facilitara información acerca del caso civil que enfrenta el expresidente de la República enriquecimiento.
Este delito se sumará a los tres que actualmente enfrenta el exmandatario, luego que el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador lo enviara a instrucción formal en noviembre pasado por los delitos de peculado, asociaciones ilícitas y lavado de dinero.
Wil Ruiz, jefe fiscal, explicó que la investigación inició en el año 2016 tras recibir información de una posible filtración de información generada en la Cámara. La Fiscalía ordenó dar seguimiento a una de las sospechosas identificada como Angela Iracema Avelar Salinas, quien se desempeña como colaboradora judicial.
El seguimiento estuvo a cargo de investigadores de la División Élite Contra el Crimen Organizado (DECO) de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes documentaron que Avelar Salinas llegó en diversas ocasiones hasta las instalaciones del Grupo Samix, empresa radial de Antonio Saca, con el objetivo de recoger sobornos.
Según la Fiscalía, Angela Iracema Avelar Salinas filtró información confidencial del caso civil por enriquecimiento ilícito, que enfrenta Saca, luego que la Sección de Probidad ordenara una investigación en contra de Saca y su esposa, Ana Ligia Mixco de SAca, luego que no lograran comprobar el origen de un incremento patrimonial de más de $2.7 millones.
“Este caso tiene una serie de pruebas documentales, periciales y testimoniales que robustecen este caso”, confirmó este lunes el jefe fiscal durante el allanamiento a la Cámara Primera de lo Civil.
Saca fue notificado de los nuevos cargos en el penal La Esperanza, conocido como Mariona, donde el presidente guarda prisión por el delito de lavado de dinero, tras ser vinculado como cabecilla de una estructura encargada de lavar más de $240 millones de dólares del tesoro público hacia cuentas particulares.