La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dejó sin efecto las reformas al Fondo de Obligaciones Previsionales (FOP) aprobadas por la Asamblea Legislativa para que el gobierno tuviera más disponibilidad sobre los ahorros previsionales que administran las AFP para pagar las pensiones de los jubilados en el sistema público.
La ley autoriza al gobierno tomar hasta el 45% de los fondos de pensiones; sin embargo, diputados aprobaron recientemente un incremento del 5%; es decir, $500 millones que el Ejecutivo pretendía disponer para solventar la crisis final y solventar sus obligaciones hasta el final de 2017.
«La Sala establece que, la afectación que produce tal reforma en los derechos fundamentales involucrados sí es intensa porque implica aumentar a niveles de riesgo el porcentaje de inversión obligatoria (de 45% a 50%) de los fondos previsionales en títulos de baja rentabilidad y, además, limita excesivamente el margen de inversión que las AFP pueden realizar con dichos fondos en títulos no obligatorios con mejores tasas de interés, todo lo cual se traducirá en una afectación a los derechos de los cotizantes del Sistema de Ahorro para Pensiones», explicó la Sala de lo Constitucional a través de un comunicado de prensa.
«La resolución señala que permitir el incremento de 5% del máximo de la inversión obligatoria en CIP implicaría, en la práctica, disminuir aún más las condiciones de las pensiones futuras de los cotizantes del Sistema de Ahorro para Pensiones, y dificultaría sustancialmente el aseguramiento para los jubilados de ingresos indispensables para satisfacer las necesidades básicas que exige la vida digna de los jubilados y de su grupo familiar», reiteró dicha entidad de la CSJ.
Las reformas no producirán efecto constitucional alguno, enfatizó la Sala.
La decisión de suspender las reformas al fondo de pensiones fue tomada por los magistrados Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Sidney Blanco y Rodolfo González.