La defensa de algunos de los acusados en el caso por la tregua entre pandillas que prevaleció durante el gobierno de Mauricio Funes solicitó este viernes al Juzgado Especializado de Sentencia “A” que desestime el testimonio del exmandatario y del actual vicepresidente Óscar Ortiz. El juez del caso concedió lo solicitado por el equipo legal, desestimando así lo establecido anteriormente por un Juzgado Especializado de Instrucción.
Lo anterior surgió como el resultado de una audiencia especial de depuración de testigos celebrada este viernes. Otro de los testimonios desestimados por el juzgado será el del exsecretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos (OEA), el canadiense Adam Blackwell.
Sin embargo serán citados a testificar el ministro de Defensa Munguía Payés, el ex Director General de la Policía Nacional Civil (PNC) Francisco Salinas, el Alcalde de Ilopango Salvador Ruano y Monseñor Fabio Colindres, quien fungió como mediador de la tregua junto a Raúl Mijango, quien está siendo juzgado en el proceso.
Diecisiete acusados en el proceso serán juzgados por delitos como agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios, falsedad ideológica y tráfico ilícito en centros penales.
La Fiscalía señaló a Mijango como el ejecutor de la tregua desde los centros penales. Dicho proceso abarcó desde 2012 a 2014 y provocó una drástica reducción en el índice de los homicidios, el cual llegó hasta cinco por día.
La acusación por parte de la Fiscalía sostiene que Mijango disponía de acceso total a los centros penales y hasta usaba vehículos estatales para su movilización y la de sus allegados. Algunos testigos sostienen que Mijango llegó a asumir tal poder en influencia en las pandillas, que hasta ordenó asesinatos contra miembros de la Policía Nacional Civil.
Los defensores particulares de los acusados plantearon durante la audiencia preliminar, que dentro del proceso también se debía contemplar al expresidente Mauricio Funes y al actual ministro de Defensa, David Munguía Payés, quien fungió como ministro de Justicia y Seguridad durante la tregua y a quien la Fiscalía habría llamado “el arquitecto” de dicho proceso.
No obstante y pese a los señalamientos, la Fiscalía aun no ha formulado acusaciones formales contra ambos.
Tanto los titulares de la cartera de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Funes, como el mismo expresidente, dijeron en su tiempo que nunca negociaron prebendas para pandilleros a cambio de la reducción de los homicidios. Empero, el proceso judicial ha destapado una serie de beneficios que los pandilleros recibían, como fiestas amenizadas por prostitutas u orquestas al interior de los centros penales y el ingreso de electrodomésticos a sus celdas.
Añadiendo a la contradicción, mientras fue ministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés alegó que la tregua formó parte de su estrategia de seguridad para reducir las estadísticas delictivas. De la misma forma era presentada como un logro del gobierno en varios foros internacionales.
Otra de las modalidades con las que operaba la tregua era a través de los “municipios santuario”, en los que se escogía una serie de municipios en donde las pandillas locales generaban acuerdos de no agresión. Uno de los municipios escogidos en este programa fue Santa Tecla, que en 2013 era gobernado por Óscar Ortiz.
La vista pública estaba supuesta a comenzar el 18 de julio, pero será reprogramada en una nueva fecha debido al proceso de ordenamiento de los testigos que desfilarán en las audiencias.