Diario1 reproduce íntegramente la más reciente posición institucional de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), respecto a las críticas dirigidas por el Gobierno a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por las recientes sentencias que han declarado inconstitucionales el presupuesto general de la nación del año 2017 y la reciente reforma al Fideicomiso de Operaciones Previsionales (FOP) que facultaba al Ejecutivo tomar hasta el 50% de los fondos de pensiones.
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Han sido ya muchos años en los que la voluntad y el diálogo constructivo fueron sustituidos por correlaciones para imponer forzadamente una serie de políticas que han provocado incertidumbre jurídica, fomentado la desconfianza y generado un ámbito de desesperanza entre los mismos salvadoreños, quienes ya no visualizan su tierra como una con futuro próspero para sus hijos.
La inseguridad, falta de crecimiento económico y oportunidades de empleo, deficiencia en la entrega de los servicios básicos, despilfarro de recursos limitados, corrupción y burocracia que afectan directamente a todos los salvadoreños, se refleja incluso en la manera como se gestionan los instrumentos fundamentales de política pública para una buena gobernanza del país.
Uno de esos instrumentos es el Presupuesto General de la Nación, el cual no solo dejó de proyectar adecuadamente las fuentes y usos de los fondos públicos, sino también dejó de apoyar una visión que oriente al país por el sendero de la prosperidad. A nadie sorprende que la realidad se ha venido imponiendo frente a las incongruencias del Presupuesto.
La condición de impago, falta de medicinas en los hospitales públicos, decrépita infraestructura escolar, y las caídas en la calificación de riesgo del país son evidencia de ello. No debería, por lo tanto, sorprendernos que ahora la Constitución se impone frente a las ilegalidades presupuestarias.
Este es un momento de inflexión en el que se requiere madurez, templanza, y sabiduría. Más aún, el momento demanda voluntad genuina y liderazgo propositivo, y que se abandonen posiciones férreas, para promover el diálogo, construir confianza, acordar y cumplir compromisos, sin perder de vista que son los ciudadanos salvadoreños y sus familias quienes deben estar al centro de todo.
Son estos tiempos los que requieren del más alto respeto a la institucionalidad democrática del país, pues no es posible encontrar soluciones a los problemas de las personas si se fomenta el desorden y la confrontación. Los salvadoreños demandan, sin demora y con certeza, que sus representantes respeten el Estado de derecho y cumplan con el orden jurídico que establece la Constitución.
A cambio, los ciudadanos, sus organizaciones de la sociedad civil, la academia y centros de pensamiento, estamos a la disposición para aportar y encontrar soluciones a los principales problemas que agobian a nuestra población.
Como salvadoreños, estamos convencidos que no hay barrera lo suficientemente grande que juntos no podamos sobrepasar, para avanzar hacia un mejor porvenir.