La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este viernes en la Cámara de lo Civil de Santa Tecla, en la Libertad, una demanda por enriquecimiento ilícito contra el exfical Luis Martínez.
Según la Fiscalía, el incremento patrimonial no justificado de Martínez asciende a $486,213.
El Ministerio Público aseguró al exfiscal general utilizó más de 300 mil dólares de fondos públicos para realizar pagos a cuatro tarjetas de crédito a nombre de él, de su esposa y de su hijo mayor.
Las investigaciones de la Fiscalía, que comenzaron tras un informe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, señalan una serie de irregularidades en el patrimonio del exfiscal Martínez. “Él hizo pagos a diversas tarjetas de crédito con fondos de la Fiscalía; además, se ubicaron depósitos en cuentas bancarias que el exfuncionario no pudo justificar”.
Martínez “vendió justicia”
El 14 de julio de 2016, el presidente del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), multó a Luis Martínez con $8,954 por valerse de su cargo para “vender justicia”.
La multa contra Martínez equivale a 40 salarios mínimos urbanos del sector comercio, que es la máxima sanción que el TEG puede otorgar a un funcionario.
El TEG concluyó que Martínez “vendió justicia” al empresario José Aquiles Enrique Rais a cambio de favores personales, entre los que destacan una larga lista viajes en jets privados a varios países.
“Está probado. Lo favorecía en todo caso”, dijo en su momento el presidente del TEG, Marcel Orestes Posada, al referirse a los resultados de las investigaciones fiscales en que el empresario Enrique Rais se veía vinculado. “Algunos los archivó directamente, no los judicializó, y lo que sí judicializó, pidió sobreseimiento definitivo”, señaló Posada.
Según el representante del Tribunal, fueron señalamientos son el producto de una investigación iniciada a raíz de una denuncia anónima que alertó sobre los viajes de Martínez en jets privados de Rais.
“El señor Luis Martínez hizo alrededor de una docena de viajes al exterior, todos como invitado de un señor que tiene investigaciones, o tenía investigaciones abiertas en la propia Fiscalía. Fue a Estados Unidos, a México, a Honduras, a Costa Rica, a Panamá solo con el señor Rais o acompañado de su esposa (del fiscal) o de sus hijos”, señaló el representante del TEG.
Desde febrero del 2013, a pocos meses de haber tomado posesión como fiscal, hasta agosto del 2014, Martínez realizó 66 vuelos, de los cuales 40 fueron en aeronaves privadas. La oficial de información de la Fiscalía, Deisi Marina Posada, confirmó 11 viajes realizados en 2013 y 12 en 2014 por medio de una respuesta a una solicitud hecha por el Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC) de FUNDE.
Un mes después, el 22 de agosto, Luis Martínez fue capturado acusado de los delitos de fraude procesal y falsedad material, luego de colaborar con el empresario y prófugo de la justicia, Enrique Rais. Según la acusación fiscal Martínez archivó causas en contra del empresario prófugo y favoreció judicialmente casos a favor de Rais. Este fue el inicio del amplio historial de expedientes abiertos en contra del exjefe del Ministerio Público.
Por este caso de “venta de justicia”, como lo bautizó el fiscal general Douglas Meléndez, fueron detenidos el empresario Enrique Rais, su sobrino Hugo Blanco Rais, el abogado de estos, Ernesto Gutiérrez y el exjefe de la División de Intereses del Estado, Julio Arriaza; quienes después de ser favorecidos por la decisión judicial salieron en libertad y actualmente se encuentran en calidad de prófugos de la justicia.
Días mar tarde de la captura del exfiscal, un video es difundido en donde aparece Luis Martínez recibiendo dinero en efectivo del empresario Miguel Menéndez más conocido como “Mecafé”, hombre de confianza del expresidente Mauricio Funes y por el que se acusó posteriormente de recibir sobresueldos de la administración Funes con fondos de Casa Presidencial.
Durante meses Luis Martínez guardó prisión en las bartolinas de la División Antinarcóticos (DAN) de la Policía Nacional Civil (PNC). Pero desde enero pasado, el exfiscal y otros funcionarios acusados de corrupción, fueron trasladados al penal La Esperanza, conocido como Mariona, después que la Dirección General de Centros Penales (DGCP) habilitó el sector 9 de dicho reclusorio.
Actualmente el exfiscal general guarda prisión en el centro penitenciario La Esperanza, conocido como Mariona.