La prestigiosa revista “The Economist” publicó recientemente su listado anual de las 50 ciudades más violentas del mundo, resaltando en los primeros párrafos que tres de las urbes que conforman la lista se encuentran en un espacio de terreno tan pequeño como el territorio salvadoreño.
Según estadísticas manejadas por The Economist, obtenidas por medio del Instituto Igarapé y reportes de prensa de cada país, El Salvador posee tres ciudades que en 2016 se rebasó la tasa de 50 homicidios por cada 100,000 habitantes: Santa Ana, Soyapango y el municipio de San Salvador.
The Economist asegura en su publicación que El Salvador cerró 2016 con una tasa de homicidios de 91 por cada 100,000 habitantes, mejorando unos puntos respecto a los 103 homicidios por cada 100,000 habitantes con los que terminó el 2015.
Dichas estadísticas son suficientes para que ese medio pueda asegurar que El Salvador es el país más violento del mundo, y su capital San Salvador pueda llamarse además la ciudad más violenta del mundo.
Precisamente en 2016 diversas publicaciones en inglés bautizaron a El Salvador como “la capital mundial del homicidio”. Esta calificación aún permanece en la mente de corresponsales internacionales de prensa que visitan el país.
No obstante, se destaca un declive en la tasa de homicidios registrada por San Salvador en 2016 al compararse con 2015. El año pasado, la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes de la capital salvadoreña fue de 137 contra los 190 registrados en 2015.
Santa Ana, una de las ciudades incluidas en el listado de The Economist, aparece con una tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes superior a los 50. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), si existe una tasa de mortalidad de 10 por cada 100,000 habitantes, se puede considerar que un país o población está enfrentando una epidemia.
La otra ciudad salvadoreña en el listado, Soyapango, tiene una tasa de homicidios similar al promedio registrado por el país el año pasado. Si bien se destaca una reducción de los índices de violencia en El Salvador, no se deja de señalar lo alarmante de los registros, si se toma en cuenta las estadísticas de otros países.
Un agente de la PNC fue asesinado en la colonia La Campanera, Soyapango.
Lo que podría estar detrás de la reducción en la tasa de homicidios, según The Economist, es el endurecimiento de las políticas frente al crimen y las pandillas. No obstante, sostiene esa revista que ese tipo de medidas hacen muy poco para atacar las causas de la violencia de pandillas.
Por otra parte, se menciona que el repunte de violencia en países vecinos o cercanos a El Salvador sugiere que las políticas antipandillas solo están redistribuyendo los homicidios geográficamente en lugar de prevenirlos realmente.
La cara al frente del problema de seguridad
Como una de sus ocupaciones, al vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, le fue conferida la tarea de velar por las políticas de combate a la criminalidad. En 2014 el gobierno de Salvador Sánchez Cerén heredó una situación de repunte de homicidios por la ruptura de la tregua entre pandillas, instaurada por su antecesor Mauricio Funes, también del FMLN.
Desde el inicio de la actual gestión se puede ver a Óscar Ortiz representando al gobierno en peticiones de aprobación de reformas, leyes y créditos ante la Asamblea Legislativa y planteando la necesidad de “golpear” estructuras del crimen organizado y extorsión.
El ministerio de Justicia y Seguridad quedó en un principio en manos del excombatiente guerrillero y exdiputado del FMLN Benito Lara, quien vio cómo El Salvador cerró el 2015 con la mayor cantidad de homicidios después de la firma de los Acuerdos de Paz con más de 6,600.
Tras esos resultados, el gobierno optó por la remoción de Lara y nombró al entonces director de la Policía Nacional Civil (PNC) Mauricio Ramírez Landaverde, quien llegó a dirigir ese ministerio con la asignación de buscar “mayor efectividad de la estrategia, partiendo que tenemos una política clara y un rumbo claro”.
Fueron precisamente Landaverde y Ortiz quienes presentaron la idea de implementar las medidas especiales de seguridad en centros penales, para restringir cualquier tipo de comunicación que los pandilleros recluidos tengan con el mundo exterior para ordenar crímenes.
Avanzado el mes de marzo de 2016 hubo una inflexión en la tendencia de los homicidios y estos empezaron a caer. Aun cuando se venía de un año violento, el presidente Sánchez Cerén presentó el declive de homicidios de marzo a mayo de 2016 como un logro en su segundo informe de gobierno rendido ante la Asamblea Legislativa.
Con la llegada de Landaverde al ministerio, hubo 1,378 homicidios menos al cierre de 2016, no se pudo hacer nada para que las estadísticas de homicidios se convirtieran en las más altas del mundo.
Una serie de movimientos en el gabinete de seguridad se ha suscitado desde el nombramiento de Ramírez Landaverde como ministro, entre ellos la creación de un viceministerio de prevención de la violencia, pero Ortiz aun mantiene su posición como el encargado de velar por las políticas de combate a este flagelo.
Cifras y análisis como el que presenta The Economist llevan a empresarios a pensar con cuidado traer sus inversiones a El Salvador. Este aspecto también está ligado al trabajo del vicepresidente Ortiz, quien funge como Comisionado Presidencial para las Inversiones.
Estadísticas gubernamentales sostienen que en la mayor parte de julio de este año no se había registrado homicidios en San Salvador. Dicha tendencia se rompió el pasado viernes cuando un vigilante fue asesinado en plena tarde en la colonia Pórticos de San Antonio y luego se suscitara otro homicidio el pasado domingo.
Un vigilante fue asesinado en la entrada a la residencial Pórticos de San Antonio, en San Salvador.
Aunque el promedio diario de homicidios en lo que va de 2017 no ha llegado a ser el mismo que se registró durante buena parte de 2015, la tendencia que se aprecia son repuntes en el promedio diario de cada mes en el año en cursos.
Aun cuando es prematuro vaticinar las cifras con las que se puede cerrar el 2017 en materia de homicidios, el ministerio de Seguridad efectuó el pasado 18 de junio una proyección de cierre de 2017, en la que estiman que el país logrará una reducción de 25.5 por ciento de homicidios respecto a 2016.
Dichas estimaciones las obtuvieron con base a un estudio del comportamiento de homicidios durante 2016, con el que además predicen que la tasa de homicidios para finales de 2017 caerá a 55.5 por cada 100,000 a nivel nacional, lo cual se ubica todavía sobre el promedio de la mayoría de ciudades en el estudio de The Economist.
El crimen organizado, el narcotráfico y las pandillas
Uno de los aspectos fundamentales que apunta The Economist como la razón detrás de la violencia que atañe a buena parte de Latinoamérica es el tráfico de drogas. En el primer párrafo de la publicación se establece que la cocaína se produce principalmente en Suramérica y se traslada hacia Estados Unidos, el mercado más grande de estupefacientes del mundo, a través de Centroamérica.
“Esta ruta (de la droga) se origina principalmente en Colombia y atraviesa las pequeñas naciones de Honduras, El Salvador y Guatemala antes de llegar a México”, sostiene textualmente el artículo publicado originalmente en inglés.
Las operaciones para combatir el narcotráfico en el país han aumentado en los últimos dos años. Prueba de ello es que en 2016 se incautó 10.626,5 kilos de diferentes tipos de droga en territorio salvadoreño, cuyo valor económico asciende a unos 252 millones de dólares, las mayores cifras en la historia nacional.
Otro golpe de gran envergadura se suscitó en abril de este año con la captura del empresario José Adán Salazar Umaña y la desarticulación de su estructura de empresas de lavado de dinero, lo que significó un golpe esperanzador en contra del mayor y más longevo cartel del país.
Adán Salazar, conocido como Chepe Diablo. Foto D1, archivo
Salazar Umaña, también conocido como “Chepe Diablo”, fue incluido durante tres años en la lista kingpin del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y designado Capo Internacional de la Droga por el expresidente Barack Obama.
Investigaciones periodísticas señalaban a “Chepe Diablo” como líder del Cártel de Texis, una estructura que corrompió por más de 20 años a fiscales, policías, jueces y políticos para lograr impunidad.
El mismo vicepresidente Oscar Ortiz ha sido señalado por su asociación con Chepe Diablo en una sociedad inversionista inmobiliaria que data de más de 10 años de existencia, algo que él constantemente ha negado, aun cuando hay evidencias de esa sociedad en el Cetro Nacional de Registros (CNR).
The Economist añade y explican los factores detrás de que 43 de las 50 ciudades más violentas del mundo se encuentren en Latinoamérica: “Corrupción, guerras entre pandillas e instituciones débiles contribuyen a los altos niveles de violencia a lo largo de la región”, establece la revista.
En enero de este año, Transparencia Internacional situó al país en el puesto 95 de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción con una calificación de 36 puntos, cayendo tres puntos en la percepción del año anterior y manteniéndose estancado con una percepción muy baja a nivel mundial en materia de transparencia.
De la misma forma, el informe del Departamento de Estado del gobierno estadounidense destaca año con año la falta de eficacia de las instituciones de justicia en el país y la constante necesidad de una depuración judicial, además de una saturación de casos al interior de la Fiscalía General de la República (FGR).
La actual embajadora estadounidense en El Salvador, Jean Manes, ha enfatizado en varias declaraciones públicas la necesidad de combatir la corrupción y los efectos que esta produce en la sociedad; por lo que no dejó de lamentar como “un gran paso hacia atrás” las más recientes reformas a la Ley de Extinción de Dominio, las cuales limitarán las capacidades del Estado de tomar control sobre los bienes ligados a estructuras del crimen organizado.
De acuerdo con informes enviados por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia a la Corte Plena, a los cuales tuvo acceso la Revista Factum, dentro de los 43 diputados que votaron para avalar las reformas a la Ley de Extinción de Dominio se encuentran 37 que actualmente son investigados por Probidad para determinar posibles irregularidades en su incremento patrimonial.
Entre estos 37 diputados podemos encontrar a cinco de los mocionantes de las reformas, como René Portillo Cuadra de ARENA y Jackeline Rivera del FMLN. En un principio estos diputados propusieron reformar el artículo 76 de la ley, para darle esta redacción: “los bienes objeto de medida cautelar podrán pasar a la administración del CONAB (Consejo Nacional de Administración de Bienes) siempre y cuando no haya oposición del titular”.
Las reformas finalmente se enfocaron en más artículos de la Ley, entre estas se encuentran que los bienes estarán en depósito mientras se realiza el proceso judicial contra los imputados y el Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB) podrá administrar esos inmuebles solo si existe justificación suficiente.
Además, la Ley de Extinción de Dominio será aplicada cuando los procesado sean vencidos en juicio, a diferencia de cómo la Fiscalía lo venía haciendo antes de las reformas.
La violencia que genera emigración
Desde 2014, el gobierno estadounidense ha lanzado un programa llamado “Alianza para la Prosperidad” en El Salvador, Guatemala y Honduras, un bloque de países conocido como el “Triángulo Norte”, del cual procede la mayor cantidad de personas que huyen hacia Estados Unidos a consecuencia de la violencia.
El programa está destinado a atacar las causas de la emigración y que las personas en comunidades en riesgo de violencia tengan medios de desarrollo económico y las condiciones de seguridad necesarias para que no abandonen sus hogares.
Miles de salvadoreños huyen de la violencia.
En el pasado, organizaciones de migrantes han llamado a El Salvador a abogar ante el gobierno estadounidense por un Estatus de Protección Temporal (TPS) para refugiados de la violencia, el problema del desplazamiento interno y externo a causa de la violencia parece no ser reconocido por el gobierno salvadoreño.
Otras naciones como Costa Rica y Australia han establecido protocolos para albergar ciudadanos salvadoreños que huyen de la violencia de las pandillas, mientras las autoridades migratorias estadounidenses sostienen que cada día aumentan las peticiones de asilo por parte de salvadoreños, que alegan ser perseguidos por las pandillas en el país.
El pasado 19 de julio, un grupo de 26 senadores federales del Partido Demócrata enviaron una carta a altas figuras del gobierno norteamericano para que ratifiquen una nueva prórroga del actual TPS a 320 mil personas de diversos países, entre ellos 195 mil salvadoreños.
El gobierno salvadoreño no ha expresado si se cuenta con la capacidad de poder albergar a todos esos connacionales, en caso no exista una nueva prórroga al TPS y se les obligue a regresar a El Salvador. La prórroga del TPS vigente vence en marzo de 2018.