El Fiscal General de La República (FGR), Douglas Meléndez, no tuvo reparos y calificó el proceso de la tregua como una “cochinada institucional” y el papel que jugó el gobierno del presidente Mauricio Funes, quien ha reiterado en diversas ocasiones que la administración pública sirvió como “facilitadora” del proceso.
La tregua entre las pandillas mayoritarias fue pactada entre los años 2012 y 2013, con un Mauricio Funes, como presidente de la República, y un David Munguía Payes como Ministro de Justicia y Seguridad.
Durante el proceso judicial, contra 21 imputados relacionados en La Tregua, uno de los abogados defensores, Luis Mario Pérez Bennet, solicitó que las investigaciones no cesen y alcancen a funcionarios de alto rango que tomaron “las decisiones”.
“Los que ordenan, coordinan, no están siendo procesados, solo los que ejecutaron”, dijo al señalar que dentro de los 21 acusados en la diligencia actual se encuentran funcionarios de segundo grado, por lo que tildó la audiencia de ser un “juicio político e injusto” y que los investigados tendrían que ser el expresidente Funes y el ministro Munguía Payés.
Ante estos señalamientos el fiscal Douglas Meléndez dijo que ““la tregua, como tal, no es delito” y señaló que por tal razón no pueden procesar a Funes y Munguía Payés.
Pero confirmó que, tanto Funes, como Munguía Payés, así como Óscar Ortiz, serán llamados a compadecer durante el juicio en contra de los 18 imputados que continúan la diligencia judicial por los delitos de actos arbitrarios, agrupaciones ilícitas, tráfico de objetos prohibidos en centros penales, falsedad ideológica e incumplimiento de deberes.
El Fiscal General advirtió a los políticos, de cara a las elecciones legislativas y municipales de 2018 a evitar negociaciones con grupos delictivos, porque esto se podría enmarcar en fraude electoral, dejó entrever el jefe del ministerio público.