El Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con medidas sustitutivas en contra de Rodil Hernández y Nelson Rauda, ambos directores de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), entre los años 2011 y 2012, y acusados de malversación y administración fraudulenta.
Las medidas sustitutivas al arresto impuestas por la jueza para los exfuncionarios son restricción migratoria, no cambiar de domicilio y asistir al Juzgado Cuarto de Paz cada ocho días.
«Realmente hubiera esperado señalamientos más específicos de la Fiscalía”, dijo la jueza que ventiló el caso, al señalar que tampoco escuchó “cuantía» de los señalamientos realizados por el ministerio público.
La Fiscalía acusa a Nelson Rauda y Rodil Hernández, ambos directores de Centros Penales entre los años 2011 y 2012, periodo en el que la Fiscalía señala que se malversaron 5.6 millones de dólares de las tiendas institucionales de los reclusorios.
Desde un inicio el Rodil Hernández se declaró “inocente”, y desde el primer día señaló que las pruebas ofertadas por la Fiscalía fueron proporcionadas por la DCGP.
«Públicamente nos han destruido” lamentó el titular Hernández y señaló que la etapa de instrucción servirá para desvirtuar todos los señalamientos, ya que él fue el que proporcionó todas las pruebas ofertadas por la Fiscalía.
La investigación fiscal señala que ambos funcionarios, durante sus periodos, establecieron un esquema de desvío de fondos con el que se realizaron pagos a informantes, empleados de la Dirección de Centros Penales y otros esquemas de remuneración, entre los que destacan pago de viáticos, vacaciones, horas extra y sobresueldos. Los fondos provenían de las tiendas de los centros penitenciarios del país, señala la Fiscalía.
De acuerdo con las investigaciones, las cuales iniciaron en mayo de 2016 con el allanamiento de la Dirección de Centros Penales, de 2010 a 2013 se habrían movilizados más de $5,6 millones en diversidad de formas de pago a diversas personas, entre ellos, allegados al exmediador de la tregua entre pandillas, Raúl Mijango.
El pasado lunes, Rodil Hernández fue detenido con orden judicial, bajo los cargos de actos arbitrarios en detrimento de la administración del Estado. Lo anterior ha sido tomado por el gobierno como “un golpe” a la estrategia de seguridad desarrollada desde las cárceles, y ha reiterado su apoyo al funcionario, quien está recluido en las bartolinas de la División de Tránsito Terrestre de la PNC.
Entre los elementos descubiertos y que llamaron la atención de la Fiscalía, agregó el jefe de la División de Delitos Especiales de la Fiscalía, está el pago de sobresueldos tres veces en un solo mes a una misma persona, además del uso de $4,447 provenientes de las tiendas institucionales para pagar a gente que dependía de Raúl Mijango.