El Juzgado Cuarto de Instrucción autorizó este miércoles ampliar por seis meses la etapa de instrucción en el proceso penal contra el expresidente del Banco Multisectorial de Inversiones (BMI), Nicola Ernesto Angelucci Silva y Sigfredo Armando Figuera Salinas, con el fin de que dos peritos de la Corte de Cuentas concluyan la auditoría contable financiera, clave en el proceso.
El plazo de nuevo periodo de instrucción finaliza el 4 de octubre, por lo que la Fiscalía deberá presentar el dictamen de acusación el once de octubre como fecha límite.
“Es procedente otorgar la ampliación del plazo dice la resolución del juzgador “ por lo complejo de la investigación en virtud que son dos personas procesadas, la calidad del delito que se les imputa, el volumen del expediente y la cantidad de evidencias a ser analizadas”.
En septiembre pasado, el juzgado Cuarto de Paz dictó medidas sustitutivas al arresto para Angelucci y Figueroa, a quienes se les acusa de malversar seis millones de dólares procedentes de la entidad bancaria estatal.
La Fiscalía los acusó de ser los responsables de una malversación con fondos estatales para proyectos informáticos que no se habrían ejecutado.
“Nicola Angelucci habría hecho convenio con diferentes instituciones para la ejecución de proyectos y muchos de estos no se hicieron”, explicó en su momento la Fiscalía, quien además señaló al abogado Figueroa como el encargado de firmar a documentación necesaria para que Angelucci lograra la apropiación de dichos fondos.
La investigación inició en el año 2012, a través de un aviso interpuesto en la FGR, donde se aseguraba a que se había hecho erogaciones de dinero por parte del BMI para varios proyectos, donde no existe evidencia física de que fueron ejecutados por INFOCENTROS, y en algunos casos se hicieron parcialmente.
De acuerdo con esa investigación, el proyecto Infocentros recibía 75 mil dólares mensuales por parte del BMI, para la ejecución de dichos programas y a cambio ellos solo tenían que poner como contrapartida el material didáctico, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía.
Mediante esta alianza entre el BMI e INFOCENTROS, presuntamente se ejecutaron varios proyectos, pero físicamente no se encontró evidencia que se realizarán o se hicieron parcialmente, por lo que la Fiscalía considera que se manipularon los convenios de cooperación para favorecerse los imputados, agregó el Ministerio Público.
La auditoría contable financiera que se anexará al proceso, la cual comprende el análisis de 98 puntos, pretende establecer la procedencia de los fondos que se erogaron productos de estos convenios, si las erogaciones fueron legales y cuál fue el monto total de estas, a favor de la asociación Infocentro, por cada uno de estos convenios, reza la solicitud de la fiscalía al juzgado.
“Tomando en cuenta que los delitos atribuidos a los imputados son catalogados como graves y que la investigación se vuelve compleja por la enorme cantidad de información financiera y tributaria que se encuentra en los registros públicos que serán analizadas por los peritos, además por la cantidad considerable de testigos que se van a entrevistar. Señala la fiscalía en su petición.