Una nueva fase en el proceso legal por la denominada tregua entre pandillas, que en 2012 provocó una misteriosa reducción en los homicidios cometidos por estos grupos criminales, comenzó el pasado miércoles con la audiencia preliminar contra 22 implicados, entre los que se encuentra unos de los llamados mediadores de este cuestionado proceso, Raúl Mijango.
Durante el primer día de la audiencia trascendió que la acusación penal por parte de la Fiscalía coloca al actual ministro de Defensa, David Munguía Payés, como el “cerebro” que articuló este proceso que facilitó la reducción de los asesinatos entre las pandillas MS13 y Barrio 18.
Luis Mario Pérez Bennett, uno de los abogados defensores en el caso, alegó que en el proceso también debería ser incluido el expresidente Mauricio Funes.
Munguía Payés fungió desde diciembre de 2011 hasta mayo de 2013 como ministro de Justicia y Seguridad, luego de entrar al gobierno como ministro de Defensa. Es el primero y hasta el momento único militar que ha ocupado ese cargo, luego de la declaratoria de inconstitucionalidad de su nombramiento, por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El general llegó a este cargo con la promesa de reducir los homicidios en un 30 por ciento durante su gestión, los cuales superaban los 13 por día. Las estadísticas en sus primeros meses de gestión no se distanciaban mucho de las dejadas por su antecesor en el cargo, el exguerrillero Manuel Melgar.
Ya en 2012, luego de las elecciones legislativas y municipales de 2012, el periódico digital El Faro dio a conocer que la reducción de homicidios que el país estaba empezando a experimentar, tenía a la base una supuesta negociación entre el gobierno y las pandillas MS13 y Barrio 18.
Tras la publicación, vino una serie de versiones de diversas fuentes, entre ellas la del obispo castrense, Fabio Colindres, quien alegó que tanto él como el exdiputado y excombatiente guerrillero Raúl Mijango, habían intermediado en una tregua alcanzada por las dos principales pandillas del país, y que en dicho proceso el gobierno no había negociado nada.
Días después el ministro Munguía Payés apareció en un programa de entrevista para desmentir que el gobierno había negociado con pandillas y que solo habían “facilitado” la tregua, para lo cual, accedió a movilizar a los principales cabecillas de pandillas del centro penal de máxima seguridad ubicado en Zacatecoluca, a penitenciarías de menor seguridad como Cojutepeque.
Todo esto ocurrió mientras el presidente Mauricio Funes había desaparecido del ojo público. Casi un mes después de las revelaciones sobre la tregua, el mandatario organizó una conferencia de prensa para respaldar lo que Munguía Payés, Mijango y Colindres habían dicho antes que él.
El argumento de “haber facilitado la tregua” fue sostenido por Funes y su gobierno por el resto de su término. Por su parte, Munguía Payés mencionó durante varias entrevistas concedidas en 2012 que la tregua era parte de “su estrategia” para reducir los homicidios.
Llegada la campaña presidencial en ruta a las elecciones presidenciales de 2014, los entonces diputados de ARENA, Roberto d’Aubuisson y Mario Valiente, revelaron una serie de audios y documentos supuestamente filtrados por un hacker, los cuales denominaron “tregua leaks” y que apuntaban a probar la responsabilidad del gobierno en planificar y financiar la tregua.
Entre los documentos que formaban parte de dichas filtraciones, estaba un memorando firmado por el entonces secretario privado de la Presidencia, Francisco Cáceres, con fecha 23 de enero de 2012, en la que daba indicaciones a Munguía Payés para que iniciara negociaciones con miras a una tregua, luego de conocer una solicitud de un supuesto cabecilla de la MS13, conocido como “El Grillo”.
Memorando que habría firmado el exsecretario Privado Francisco Cáceres, dirigido al entonces ministro de Defensa, David Munguía Payés.
Al ser cuestionado por reporteros de Diario1 sobre dicho documento, Munguía Payés aseveró que se trata de un montaje. No obstante, desde 2013, la Fiscalía inició una investigación sobre el origen de la tregua y llamó a declarar por dicho caso al ministro Payés.
No fue sino hasta 2016 cuando la Fiscalía ordenó capturas en torno a la tregua, siendo las de Raúl Mijango y el exdirector de Centros Penales, Nelson Rauda, las de mayor relieve.
El fiscal general Douglas Meléndez reveló como durante la tregua, que tuvo un período de vigencia de 2012 a 2014, los pandilleros recluidos en centros penales recibieron una serie de beneficios como fiestas amenizadas por orquestas y discomóviles y el ingreso de electrodomésticos como televisores.
Asimismo, se indicó que las pandillas recibían fondos por parte del Estado canalizados a través de las tiendas de los centros penales; a la vez se afirmó que la tregua solo fortaleció a las principales pandillas del país, y la cantidad de crímenes ordenados desde centros penales aumentó.
Esto, pese a que las estadísticas oficiales indicaban una reducción en los homicidios que llegó a ser casi de cinco al día, aunado, no obstante, a un incremento en el número de desaparecidos, lo que llevó a pensar que los homicidios se redujeron, pero que los desaparecidos aumentaron durante la tregua.
La Fiscalía atribuyó la responsabilidad de estas irregularidades en los centros penales a Raúl Mijango, quien según el Ministerio Público, tenía control sobre quien entraba y salía de las penitenciarías. Sin embargo, Raúl Mijango ha negado repetidamente estos señalamientos, alegando que se busca atacar al único proceso que ha dado resultados en materia de seguridad en la historia del país.
Por su parte, Munguía Payés ha negado que haya autorizado ilícitos en centros penales, y que si se hubiera enterado de la existencia de los mismos, nunca los hubiera autorizado.
Aun cuando la Fiscalía señale a Munguía Payés como el “cerebro” de la tregua, y los abogados defensores de los acusados pidan también el enjuiciamiento de Funes, lo cierto que la Fiscalía todavía no formula acusaciones penales contra ninguno de los dos en este caso.