El Salvador
martes 21 de enero de 2025

Piden investigar a Mauricio Funes y Munguía Payes por caso tregua

por Redacción


El fiscal del caso señaló que las pruebas con las que cuentan no "alcanzan" para procesar a Funes o Munguía Payés.

La jueza Especializada Antimafia de Instrucción instaló este miércoles la audiencia preliminar en contra de 21 implicados en el caso tregua entre pandillas pactada entre 2012 y 2013. En la diligencia, la juzgadora decidió levantar la reserva total impuesta el proceso judicial bajo el argumento que “el derecho a la justicia es un bien público”.

Mientras la diligencia se instalaba uno de los abogados defensores, Luis Mario Pérez Bennet, quien defiende al comisionado Óscar Aguilar, el encargado de Inteligencia de la Policía Nacional Civil (PNC) en esa época, pidió que las investigaciones no cesen y alcancen a funcionarios de más alto rango que tomaron “las decisiones”.

«Los que ordenan, coordinan, no están siendo procesados, solo los que ejecutaron», dijo al señalar que dentro de los 21 acusados en la diligencia actual se encuentran funcionarios de segundo grado, por lo que tildó la audiencia de ser un “juicio político e injusto”.

El abogado defensor fue más allá y reveló detalles de  la acusación en donde se establece “que quien organiza y coordina el proceso llamado tregua ha sido el ministro David Munguía Payés con el conocimiento pleno del presidente de Mauricio Funes” señaló y acreditó que la finalidad de dicho proceso era la búsqueda de beneficios políticos.

Por su parte ,el fiscal del caso afirmó que las pruebas que se tienen no son “suficientes” para procesar a Funes o a Munguía Payés.

“Si como representación fiscal se presenta una acusación con pocos elementos probatorios, lo que genera es un cierto grado de impunidad”, dijo el fiscal del caso.

Aunque recalcó que se cuentan con pruebas suficientes para procesar a los 21 implicados en esta etapa, entre los que figuran funcionarios de segundo nivel, como el exdirector de Centros Penales, Nelson Rauda; el exinspector de los centros penitenciarios, Anílber Rodríguez; y los exdirectores de las prisiones que albergaban a pandilleros.

Los delitos que se atribuyen son actos arbitrarios, agrupaciones ilícitas, tráfico de objetos prohibidos en centros penales, falsedad ideológica e incumplimiento de deberes.