El siete de mayo de 2016 inició el proceso judicial en contra de 21 personas acusadas de los delitos de agrupaciones ilícitas, introducción de objetos prohibidos, incumplimiento de deberes, falsedad ideológica y actos arbitrarios, que según la Fiscalía General de la República (FGR) se valieron de sus puestos en el gobierno de Mauricio Funes para apoyar logísticamente a cabecillas de pandillas para negociar la reducción de homicidios a cambio de beneficios estatales entre los años 2012 y 2013.
Entre los acusados se incluye a tres policías, el mediador de la tregua Raúl Mijango, directores de centros penitenciarios de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) y uno de los exdirectores generales de esa institución, Nelson Rauda.
A criterio del abogado Luis Mario Pérez Bennett, defensor del exjefe del Centro de Inteligencia Policial (CIP) comisionado Óscar Aguilar, quien está procesado judicialmente en este caso, se trata de un “juicio político” con abundantes contradicciones en el requerimiento de acusación, ya que se están juzgando a funcionarios sin poder de decisión.
«En la acusación se establece que quien organiza y coordina el proceso llamado tregua ha sido el ministro David Munguía Payés con el conocimiento pleno del presidente Mauricio Funes”, señaló Pérez Bennett, quien indicó que el objetivo de la tregua no fue la reducción de los homicidios, sino que se trató de buscar “réditos políticos».
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La tregua entre pandillas inició el 8 de marzo de 2012. En esa misma fecha la Dirección General de Centros Penales (DGCP) realizó el traslado de 30 cabecillas de pandillas desde el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, conocido como Zacatraz, hacia otras cárceles de menor seguridad.
Desde el 9 marzo de 2012, la cantidad de homicidios pasó de 14 a seis asesinatos diarios, en uno de los países considerados más sangrientos del mundo. En ese entonces, los cabecillas de pandillas dijeron que era un proceso de “pacificación entre pandillas”.
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Pasaron pocos días para que se desvelara la participación del gobierno en la tregua. El entonces ministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, justificó los traslados de los 30 cabecillas con tres versiones. Argumentó que tenían información sobre el trasiego de misiles Law y que estos podría ser utilizados para atacar el penal de Zacatraz; la segunda versión era amparada al artículo 45 del Código Penal que estipula que los reos peligrosos podían pasar más del 10 % de su condena en régimen especial; y la última fue un “acto humanitario” concedido después de solicitudes de organismos internacionales y del obispo castrense, Fabio Colindres.
El siete de mayo de 2016, el juzgado Antimafia instaló la audiencia inicial en contra de 21 personas acusadas por la Fiscalía de ser los principales vinculados en brindar facilidades para ingresar objetos ilícitos y traslados injustificados a reclusos en el sistema carcelaria a cambio de “réditos políticos”.
En su requerimiento de acusación, la Fiscalía sostiene que el 2 de marzo de 2012, el Consejo Criminológico Regional de la Zona Paracentral solicitó de forma “urgente” el expediente de 28 cabecillas pandilleros recluidos en Zacatraz. El objetivo era evaluar los perfiles de los cabecillas. Seis días más tarde fueron trasladados a penales de menor seguridad.
A pesar de las declaraciones de Munguía Payes, el requerimiento fiscal señala que los traslados de los cabecillas de pandillas no fue posible sin “conocimiento y autorización” del entonces ministro de Seguridad, que en esa fecha era Munguía Payés.
Las investigaciones sugieren, además, que Munguía Payés, en su calidad de ministro de Justicia y Seguridad, colaboró en la reducción de la seguridad perimetral y en el interior de los 19 centros carcelarios, con el objetivo de que los registros a las visitas no fueran invasivos. Todo esto a solicitud de los pandilleros.
Entre otro de los beneficios otorgados por las autoridades penitenciarias en ese momento fue el ingreso de teléfonos celulares en “cajas de Pollo Campero”, así como el ingreso de grupos musicales, comediantes y artistas para celebraciones; además, electrodomésticos como televisores, consolas de juegos y teatros en casa. Estos privilegios marcados en un “programa de entretenimiento”.
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David Munguía Payés fue ministro de Justicia y Seguridad entre los años 2011 y 2012, tiempo en el que las principales pandillas pactaron una reducción de homicidios en un “gesto de buena voluntad”, dentro del “proceso de pacificación”, entre pandillas. Munguía Payés se desmarcó de su participación en este proceso de tregua, aunque celebró los resultados iniciales en la reducción del 60% de asesinatos.
A pesar de esto, el requerimiento de la Fiscalía, presentado en mayo de 2016, llama a Munguía Payés como el “el creador, ideólogo, promotor y principal defensor de la tregua”. Pero esto no es suficiente para que la Fiscalía acuse a Munguía Payes o a Mauricio Funes.
El fiscal del caso afirmó que las pruebas con las que cuenta el ministerio público no son “suficientes” para acusar a Funes o a Munguía Payés. “Si como representación fiscal se presenta una acusación con pocos elementos probatorios, lo que genera es un cierto grado de impunidad”, concluyó.