El Juzgado Especializado de Instrucción «A» de San Salvador envió a juicio este miércoles al ex director de Centros Penales, Nelson Rauda; el mediador Raúl Mijango y a otras 17 personas acusados de diferentes delitos durante la tregua entre las pandillas en el año 2012.
Nelson Rauda es acusado por los delitos de agrupación ilícitas y actos arbitrarios durante su período como director de Centros Penales. Mientras que Raúl Mijango es acusado por Tráfico Ilícito en Centros Penales y por asociaciones ilícitas.
De acuerdo con el tribunal, las pruebas presentadas por la Fiscalía son convincentes para que los imputados sean enjuiciados.
En total, eran 21 imputados los que eran procesados por los delitos de actos arbitrarios, asociaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y tráfico de objetos prohibidos en centros penitenciarios de detención y reeducativos.
El juez absolvió de cargos al comisionado Óscar Aguilar, quien fungía como jefe del Centro de Inteligencia Policial (CIP) y que eran señalados de dotar de vehículos, a pesar de la acusación fiscal, el abogado defensor señaló que el juzgador valoró que no existe elementos que vinculen al oficial policial con las órdenes señaladas.
En el caso se había involucrado además a miembros del Consejo Criminológico, a quienes se les acusa de falsedad ideológica. Cuando se desarrolló la audiencia de imposición de medidas, el año pasado, se dejaron a algunos como Rauda y Mijango con detención provisional, pero después se les cambió a instrucción formal con medidas alternativas a la detención provisional.
La Fiscalía señaló a Mijango como el ejecutor de la tregua desde los centros penales. Dicho proceso abarcó desde 2012 a 2014 y provocó una drástica reducción en el índice de los homicidios, el cual llegó hasta cinco por día.
La acusación por parte de la Fiscalía sostiene que Mijango disponía de acceso total a los centros penales y hasta usaba vehículos estatales para su movilización y la de sus allegados. Algunos testigos sostienen que Mijango llegó a asumir tal poder en influencia en las pandillas, que hasta ordenó asesinatos contra miembros de la Policía Nacional Civil.
Los defensores particulares de los acusados plantearon durante la audiencia preliminar, que dentro del proceso también se debía contemplar al expresidente Mauricio Funes y al actual ministro de Defensa, David Munguía Payés, quien fungió como ministro de Justicia y Seguridad durante la tregua y a quien la Fiscalía habría llamado «el arquitecto» de dicho proceso.
No obstante y pese a los señalamientos, la Fiscalía aun no ha formulado acusaciones formales contra ambos. Sin embargo, la jueza del caso avaló la participación de Funes y Payés, así como la del vicepresidente Óscar Ortiz, como testigos en la siguiente fase del caso.
Por su parte Nelson Rauda, quien fue removido de su cargo en mayo de 2013, afrontará otro proceso judicial por actos arbitrarios, que involucra una malversación de fondos generados desde las tiendas de los centros penales, el cual se habría perpetrado durante su gestión y la de su sucesor, Rodil Hernández.
Tanto los titulares de la cartera de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Funes, como el mismo expresidente, dijeron en su tiempo que nunca negociaron prebendas para pandilleros a cambio de la reducción de los homicidios. Empero, el proceso judicial ha destapado una serie de beneficios que los pandilleros recibían, como fiestas amenizadas por prostitutas u orquestas al interior de los centros penales y el ingreso de electrodomésticos a sus celdas.
Añadiendo a la contradicción, mientras fue ministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés alegó que la tregua formó parte de su estrategia de seguridad para reducir las estadísticas delictivas. De la misma forma era presentada como un logro del gobierno en varios foros internacionales.
Otra de las modalidades con las que operaba la tregua era a través de los «municipios santuario», en los que se escogía una serie de municipios en donde las pandillas locales generaban acuerdos de no agresión. Uno de los municipios escogidos en este programa fue Santa Tecla, que en 2013 era gobernado por Óscar Ortiz.