Los ciudadanos no se pueden armar para defenderse de las pandillas sin un marco legal ni la supervisión de las autoridades, afirmó este lunes el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto.
Recientemente se conoció que exguerrilleros patrullan armados en una comunidad del municipio de Jiquilisco, Usulután. Aseguran que mantienen contacto directo con la Policía y que el objetivo es cuidar a sus familias y evitar ser víctimas de estructuras criminales.
Para Cotto, la sociedad determinará si dichos grupos son necesarios en el país y serán los diputados los encargados de legalizar la existencia de los mismos; sin embargo, mientras eso no suceda, estos grupos serán considerados como ilegales y fuera del Estado de Derecho.
“Si algo así se quiere hacer, o si la ciudadanía está dispuesta a que grupos de autodefensa funcionen, eso debería de estar absolutamente regulado en la lee. Pero hay que tener claro que mientas no haya una regulación, no haya consenso legal en torno a que grupos o estructuras así funcionen legalmente, eso no se puede permitir”, dijo el titular de la PNC en la entrevista de Noticiero Hechos de canal 12.
Por otra parte, el presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, ha expresado abiertamente su apoyo a la organización comunal para controlar los territorios, situación que para el jefe policial podría ser «peligroso» si no se controla a la población armada.
«Ninguna solución paralela, alternativa, por la vía de opiniones públicas puede generarse o funcionar en el país, eso sería terrible, sería muy delicado y al final la medicina puede ser peor que la enfermedad”, recalcó Cotto.
El director de la PNC recalcó que respetarán la decisión que tomen los diputados al respecto, pero mientras no haya una ley aprobada, las autodefensas serán considerados como grupos al margen de la ley.