El pleno de la Corte Suprema de Justicia avaló el martes que la Sección de Probidad investigue el patrimonio de una serie de exfuncionarios, entre ellos, los de 43 personas que ocuparon cargos durante la administración de Carlos Mauricio Funes Cartagena, el primer presidente de la República del FMLN.
La moción procedió a raíz de una petición hecha a la Unidad de Acceso a la Información de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por el abogado Herbert Danilo Vega, quien solicitó los exámenes de las declaraciones patrimoniales de todos los funcionarios del gobierno de Funes Cartagena.
La petición original no obtuvo una respuesta favorable, debido a que la entidad sostuvo que no contaba con dichos exámenes. Fue entonces que el jurista, conocido por interponer demandas de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional, se amparó ante el Instituto de Acceso a la Información (IAIP), que fijó un plazo a la CSJ para que entregue la información, el cual vence el próximo 26 de mayo.
La Corte Plena, en respuesta, argumentó que no podían cumplir ese plazo y ordenaron a Probidad la elaboración de estos exámenes.
Vega confirmó la noticia a través de publicaciones en redes sociales.
Dentro de los funcionarios que serán investigados, se encuentran secretarios como Franzi Hato Hasbún y Marcos Rodriguez, quienes ocuparon cada uno la secretaría de Asuntos Estratégicos y la subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción. Ambas figuras ocupan en el gabinete de Salvador Sáncez Cerén,los cargos de Secretario de Gobernabilidad y Transparencia y Anticorrupción, respectivamente.
También se encuentran en la lista los actuales ministros de Salud y Hacienda, Violeta Menjívar y Carlos Cáceres. En el caso de Menjívar, ella ocupó el viceministerio de Salud durante la presidencia de Funes, mientras que Cáceres se mantuvo como ministro de Hacienda, con el cambio de gobierno.
Manuel Melgar, quien fuera ministro de Seguridad durante el período de Funes y que ahora funge como Secretario Privado de Salvador Sánchez Cerén, será incluido en la próxima investigación de Probidad, al igual que los actuales ministros de Obras Públicas y Seguridad, Gerson Martínez, y Mauricio Ramírez Landaverde. En el caso de Landaverde, él figuró como subdirector de la Policía Nacional Civil (PNC) durante el gobierno de Funes.
Pero también serán incluidas en la investigación, las declaraciones patrimoniales de exfuncionarios fallecidos como Manuel Sevilla, Humberto Centeno y Héctor Silva Argüello; quienes fungieron como titulares en los ministerios de Agriculura, Trabajo y el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), respectivamente.
Anteriormente, la Sección de Probidad había anunciado que se encontraba investigando las declaraciones patrimoniales de otros 76 servidores públicos, que fueron funcionarios del Ejecutivo o de otras instituciones públicas, o que ocupan actualmente un cargo estatal.
De los exámenes patrimoniales solicitados, solo el de Nelson García, viceministro de Transporte, tanto en el gobierno de Funes como de Sánchez Cerén, y el del expresidente del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), Jaime Rodríguez, están elaborados pero de forma incompleta.
El expresidente Mauricio Fúnes se encuentra sometido actualmente a un juicio civil por supuesto enriquecimiento ilícito, debido a que la Sección de Probidad no encontró justificación alguna en un incremento patrimonial de más de $700 mil, encontrado en su declaración patrimonial y en la de su exesposa, la actual secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato.
El juicio no ha podido seguir su fase probatoria, debido a los problemas que ha significado conseguir la declaración de descargo de Funes, quien goza de asilo político por parte del gobierno de Nicaragua, desde septiembre de 2016. La Cámara que sigue el proceso no ha podido acordar la reprogramación de la audiencia probatoria, aun y cuando ya se acordó que el exmandatario declarará a través de un cuestionario que dicha instancia le enviará hasta Nicaragua.
Funes además podría enfrentar un posible proceso penal por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual desarrolló en agosto pasado una serie de allanamientos contra propiedades ligadas al exgobernate y su amigo cercano, el empresario Miguel Menéndez “Mecafé”.
La Fiscalía le ha abierto una investigación por posibles delitos de corrupción y podría incorporar además el cargo de lavado de dinero. De igual forma, una serie de testimonios de antiguos personeros de la constructora brasileña Odebretch, han dado cuenta de que Funes se benefició de dinero proveniente de sobornos para financiar su campaña presidencial en 2009, por lo que la Fiscalía brasileña ya está tras el rastro de estas operaciones.