Ana Ligia de Saca, esposa del expresidente de la República, Elías Antonio Saca, solicitó a través de su abogado, que la Fiscalía General de la República (FGR) acepte reducir la fianza pendiente de $250,000 ante una supuesta incapacidad de pago de la imputada.
Miguel Ángel Flores Durel, abogado de la exprimera dama de la República, aseguró que el Juzgado Séptimo de Instrucción ordenó a a au representada pagar una fianza de $500,000 para seguir el proceso en libertad, la mitad de esa cantidad fue cubierta por una aseguradora, pero aún debe cancelar $250,000 en efectivo para continuar manteniendo su libertad.
según Flores Durel, la esposa del exmandatario, no cuenta con los recursos económicos para cumplir con la segunda parte de la fianza, debido a que la Fiscalía congeló las cuentas bancarias familiares, por ello solicita, que se reduzca considerablemente los $250,000 adeudado a los tribunales o se considere pagada la fianza con el el primer cuarto de millón cancelado.
«Esta petición es para solicitar a la Fiscalía General de la República, bajo su digna autoridad, que tenga por cumplida a satisfacción la medida cautelar impuesta a la señora Mixco Sol de Saca en la audiencia inicial ordenada por el Juzgado de Paz. Como es de su apreciable conocimiento, dicha medida se cumplió mediante rendición de fianza hace varias semanas, periodo en el cual mi defendida se encuentra en libertad bajo la caución económica en la cuantía ordenada, sin que en ese periodo la Fiscalía o el juez competente para la aplicación de medidas cautelares hayan reparado, objetado o reclamado la forma de cumplimiento, ni se hayan pronunciado de manera alguna que ponga en riesgo la libertad de la señora Mixco Sol de Saca», expresa el escrito presentado ante la Fiscalía.
El abogado aseguró que si la Fiscalía no acepta que la fianza pendiente sea reducida, se corre el riesgo que el juez dicte la orden de detención contra la esposa de Elías Antonio Saca.
El expresidente Elías Antonio Saca y varios de sus funcionarios se encuentran recluidos en el sector nueve del Centro Penitenciario «La Esperanza» más conocido como Mariona, todos acusados de delitos relacionados a lavado de dinero por más de $246 millones de cuentas del Estado.