La Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensión (ASAFONDOS) se pronunció este lunes sobre la declaratoria de impago del gobierno, declarando que los principales afectados de la medida serán los más de dos millones de personas que cotizan con las aseguradoras en el país.
René Novellino, presidente de ASAFONDOS, sostuvo en conferencia de prensa que el impago en que cayó el gobierno afectará las pensiones a futuro, ya que los $55 millones en intereses que se debían pagar en abril se deducen de los ahorros de los cotizantes.
El gobierno se declaró en impago el pasado 6 de abril, cuando no logró que la Asamblea Legislativa le avalara un refuerzo presupuestario para pagar los compromisos correspondientes al actual trimestre.
Novellino explicó que desde 2006, cuando se aprobó el fideicomiso de obligaciones previsionales, las AFP han comprado Certificados de Inversión Previsional (CIP) por $5,600 millones.
Con el fideicomiso, desde 2006 se ha perpetuado un ciclo en el que el gobierno toma dinero de los fondos de pensiones al hacer que las AFP compren los CIP, y se compromete en un plazo establecido a pagar intereses y amortizaciones de capital.
Con el no pago de los $55 millones en intereses correspondientes al actual trimestre, agrega Novellino, los fondos de pensiones pierden ese dinero y se debe encontrar la forma de reponerlo.
Además dejó entrever que el gobierno no estimó estos compromisos en el actual presupuesto general de la nación. Según el presidente de ASAFONDOS, la partida para cumplir con los compromisos de 2017 está estimada en unos $220 millones, los cuales no fueron tomados en cuenta por el gobierno.
Asimismo advirtió que de no superar la situación a la brevedad posible, la deuda del gobierno en concepto de intereses podría superar los $55 millones, por lo que instó a los actores políticos a intervenir a la brevedad.
La semana pasada, la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), junto a los representantes de las asociaciones bancarias del país, intentaron calmar a la opinión pública, aseverando que el sistema bancario salvadoreño es sólido y que la actual situación de impago no afectaría el cumplimiento de otros compromisos.
El superintendente Ricardo Perdomo, señaló en su momento que las pensiones no se verían afectadas por la situación de impago, a la vez que urgió a las fuerzas políticas a que entablen las negociaciones necesarias para subsanar la situación.
En respuesta a la situación, la calificadora de riesgo Fitch degradó la deuda soberana salvadoreña de B- a CCC, pronosticando una situación crediticia poco auspiciosa para el país, si no resuelve la situación de impago.