Con el apoyo de la Policía Nacional Civil, el 4 de abril la Fiscalía General de la República (FGR) hizo público los resultados de una de las más grandes investigaciones. Ese día ambas instituciones activaron el denominado Grupo Contra la Impunidad (GCI) para realizar 70 allanamientos vinculados a dos personajes señalados de liderar la red de lavado de dinero más grande del país: José Adán Salazar Umaña (Chepe Diablo) y Juan Umaña Samayoa, alcalde de Metapán.
Las investigaciones fiscales señalan que tanto Chepe Diablo como Juan Umaña Samayoa, quien se encuentra prófugo de la justicia, utilizaron como testaferros a los integrantes de sus respectivos núcleos familiares para lavar $38,061,205.60. Sin embargo, esta cifra aumenta cuando el examen financiero fiscal se extendió a las sociedades que enmarañan los nombres de estos apellidos, superando los $177.1 millones, que fueron lavados por medio de las empresas Hoteles Salvadoreños (Hotesa) S.A de C.V, propiedad de Chepe Diabo, y Agroindustrias Gumarsal, fundada por Juan Umaña Samayoa y José Adán Salazar Umaña.
El día de la presentación de Chepe Diablo, el miércoles pasado, el director general de la PNC, Howard Cotto, afirmó que las indagaciones han revelado que Gumarsal, que era dirigida por Wilfredo Guerra, hijo del alcalde de Metapán y quien también es prófugo por el delito de lavado dinero, efectuó más de 350,000 transacciones financieras para movilizar más de 1,000 millones de dólares en los últimos 12 años.
Por su parte, el Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, dijo que Adán Salazar abrió diversas empresas «offshore» en Panamá para lavar dinero tras los bloqueos realizados por los Estados Unidos, país que declaró capo internacional de la droga a José Adán Salazar.
«Se ha creado un holding en Panamá de varias empresas”, aseguró el fiscal Meléndez y agregó que estas han sido utilizadas para mover fondos desde El Salvador. Esta sería una de las formas de blanqueo que realizaba la estructura de Chepe Diablo para ocultar el dinero producto de ilícitos al resto de la región centroamericana.
Mientras tanto, el jefe de la Unidad Financiera de la FGR, Jorge Cortez, indicó que uno de los elementos que despertó interés en la investigación fiscal fue la triangulación entre Panamá y El Salvador por medio de cuentas bancarias de “cartón”, que eran cerradas a pocos días de su habilitación.
Según Cortez, las empresas “offshore” de Chepe Diablo tenían como objetivo la acumulación de “mucho efectivo”. Esto se logró por medio de la creación de sociedades para desviar flujos de dinero, a lo que el fiscal general añadió que existen “muchas sociedades”, pero de estas son investigadas 30, en las que se han encontrado indicios de comportamientos sospechosos.
Y efectivamente, la operación que inició el 4 de abril, mantiene como objetivo la recopilación de información financiera que pueda arrojar nuevos indicios.
Entre los 70 allanamientos realizados entre el 4 al 6 de abril, la Fiscalía da cuenta que estos se realizaron en los departamentos de Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, San Salvador, La Paz y Usulután. Estos abarcaron 43 propiedades, las cuales se presume fueron adquiridas producto del lavado de dinero, y 26 están siendo sometidas con intenciones de ser confiscados bajo la Ley de Extinción de Dominio; entre estas 13 residencias, siete hoteles (Hotesa), ocho gasolineras.
Al ser consultado sobre el origen de los fondos que habrían sido lavados por estas empresas, el fiscal general Douglas Meléndez no quiso profundizar, ya que sostuvo que esos elementos serán ampliados en el requerimiento fiscal que se presente en torno al caso.
No obstante, señaló que estos fondos podrían venir del narcotráfico, debido a una vinculación entre Salazar y una persona condenada a 12 años de prisión por actividades relacionadas con la droga.
La operación dejó como resultado las capturas de Sara Paz Martínez, Susana Noemy y Romelia Guerra Argueta esposa e hija de Chepe Diablo, así como 70 allanamientos a casas particulares y negocios que sirvieron de fachada para lavado de dinero, señalaron las autoridades.
El jefe policial confirmó que junto a Umaña Samayoa, son prófugos de la justicia Wilfredo Guerra Umaña, hijo del alcalde, y Tránsito Ruth de Guerra, esposa del alcalde; José Adán Martínez, hijo de Chepe Diablo y Miriam Salazar Umaña.
“Ellos son declarados prófugos y tienen órdenes de captura”, dijo Cotto este miércoles en conferencia de prensa desde el cuartel central de la PNC.