Durante el desarrollo de la audiencia inicial contra José Adán Salazar –Chepe Diablo− la representación fiscal reveló este sábado que la exesposa de este, Sara Paz Martínez, compró un vehículo Mercedes Benz y posteriormente lo vendió en $1.
En el año 2007, Paz Martínez adquirió un vehículo marca Mercedes Benz, uno de los automotores de lujo que circulan en el país. La compra la hizo en $52 mil dólares. Al cabo de unos años revendió el vehículo en $1. “Nos remitimos a los documentos de compra y venta”, dijo la fiscal que realizó la revelación.
La Fiscalía ha encontrado, por el momento, que Chepe Diablo no justifica un aumento patrimonial de $4,728,217.88 (cuatro millones setecientos veintiocho mil doscientos diecisiete con ochenta y ocho centavos).
Los vínculos consanguíneos de su socio, el alcalde de Metapán y cómplice delictivo, Juan Umaña Samayoa, hace que la cifra crezca en 13.7 millones de dólares más.
Para lavar esta cantidad, el alcalde metapaneco se sirvió de su familia.
Este entramado de lavado se extiende al hijo del alcalde de Metapán, Wilfredo Guerra Umaña, apoderado legal de Gumarsal, empresa que no logra justificar un incremento patrimonial de $170,952,288.82 (ciento setenta millones novecientos cincuenta y dos mil doscientos ochenta y ohco con ochenta y dos centavos) . Y a título personal, Guerra Umaña tampoco logra esclarecer una fortuna de $8,038,003.58 (ocho millones treinta y ocho mil tres dólares con cincuenta y ohco centavos).
La investigación fiscal también incluye en las irregularidades a la actual esposa del alcalde prófugo, Tránsito Ruth Mira de Guerra, y su hija Romelia Guerra Argueta, quienes no justifican $3,986,729.29 y $983,948.38, respectivamente.
Mientras, Juan Umaña Samayoa, en el periodo investigado, desde el año 2003, poco antes de iniciar su gestión municipal, registra un ingreso patrimonial no justificado de $2,305,918.28.
En total, la FGR señala que Chepe Diablo y el alcalde Juan Umaña, “ocuparon para el blanqueo de capitales” tanto a sus familias como sociedades jurídicas. Las investigaciones señalan que entre todas las cuentas investigadas, la suma asciende a “$215,167,786 (doscientos quince millones ciento sesenta y siete mil setecientos ochenta y seis) los que no están justificados o respaldados en las operaciones regulares de estas empresas”.