Una serie de anomalías detectadas en declaraciones de ingresos emitidas por José Adán Salazar Umaña –Chepe Diablo-, llevaron a la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República a solicitar a todas las entidades que operan en el sistema bancario salvadoreño a informar si tenían cuentas abiertas por el metapaneco en sus registros.
Lo que el Ministerio Público descubrió fue desconcertante y le llevó a declarar dicho esquema, como consta en el requerimiento fiscal contra Salazar y ocho personas más por lavado de dinero, como una forma de introducir dinero de dudosa procedencia y blanquearlo por medio del sistema financiero.
De 2003 a 2015, Salazar Umaña introdujo más de $84 millones en distintas entidades bancarias, abriendo 71 cuentas para dicho objetivo. Todas estas cuentas, según determinó la Fiscalía, fueron vaciadas al poco tiempo de ser abiertas.
De las 71 cuentas abiertas, 56 fueron canceladas y los saldos registrados en las mismas reflejan números negativos, debido al sobregiro que se hacía de ellas, según la Fiscalía.
Concretamente, Salazar movilizó en 12 años un total de $84,409,046.49 en dichas cuentas, retirando a su vez $84,604,480.61, lo que significa una diferencia de casi $200 mil de retiros sobre los ingresos a las cuentas.
Tabla que comprueba el movimiento de cuentas que realizó Adán Salazar en 12 años. Foto D1.
Este es uno de los esquemas denunciados por la Fiscalía para sustentar que la estructura encabezada por Salazar incurría en lavado de dinero. En el mismo período en que las cuentas de Chepe Diablo estuvieron abiertas, las empresas de su grupo familiar habrían lavado cerca de $215 millones.
El inicio de las sospechas de la Fiscalía
De acuerdo con el requerimiento de la Fiscalía presentado al juzgado Cuarto de Paz, las transacciones de Salazar Umaña venían siendo seguidas, al menos según el documento acusatorio, desde 2010, cuando detectaron movimientos anómalos en las cuentas de Agroindustrias Gumarsal, una empresa que fundó y de la que en algún momento fue su accionista.
Un memorando del 29 de julio de 2013 habla de un proceso de fiscalización a Gumarsal, en el que se evidencia como desde 2010 a 2011 Gumarsal depositó $96,370,350.33 de una cuenta del Banco de América Central y retiró $96,398,020.32. En este caso, nuevamente se repite el esquema de retirar más dinero del que se deposita.
Al percatarse de esto, la Fiscalía solicitó el apoyo de este banco y de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) para indagar el origen de estos ingresos, pero lo que descubrieron fue que no existían registros sobre la existencia de la cuenta en el sistema financiero.
Asimismo, la Fiscalía registró irregularidades en las declaraciones de ingresos de Salazar, quien en 2010 definía su actividad empresarial como: venta de combustible y lubricantes, arrendamiento de local y de espacios para publicidad y cajero automático en siete gasolineras.
Estas gasolineras fueron donadas, según la Fiscalía, a José Adán Salazar Martínez, hijo de Chepe Diablo, y que también está implicado en el caso de lavado de dinero, pero que actualmente está prófugo.
En 2010, Salazar declaró rentas por sus negocios, por más de $13 millones. No obstante, la Fiscalía detalló que no llevaba registro contable ni inventario en sus empresas; además se descubrió que no había declarado otros ingresos por más de $1.4 millones.
De este dinero no declarado, $747,164.30 provenían de ingresos en cinco cuentas no registradas contablemente y $299,300.72 por la adquisición accionaria de HOTESA.
Al indagar este último aspecto, Salazar explicó que la adquisición accionaria de HOTESA se dio a través de la capitalización de deudas por $499,003.62. Al pedir respaldo de estas declaraciones, HOTESA contradijo a Salazar y señaló que la capitalización de deudas era de $619,963.75.
Esto llevó a la conclusión que Salazar simuló haber otorgado préstamos a HOTESA para justificar los beneficios obtenidos. El esquema de no declarar otros ingresos por parte de Salazar continuó en 2011, cuando reportó ingresos por más de $14 millones, pero omitió declarar $967,632.68 en ingresos, que se diseminaron de distintas formas.
El patriarcado de Chepe Diablo
La Fiscalía acusa a Adán Salazar de un enriquecimiento no justificado de más de $4.7 millones. Fue a través de los negocios que él ayudó a fundar que se concibió la red de lavado de dinero en la que actuaron además el alcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa, y el hijo de este, Wilfredo Guerra, presidente de Gumarsal.
Gumarsal es una de las 55 empresas allanadas como parte de la operación contra la red de lavado, de la cual Chepe Diablo fue calificado “patriarca”, por personeros de la Fiscalía. Los indicios fiscales arrojan que a través de dicha empresa distribuidora de granos básicos, se habrían lavado cerca de $170 millones.
Por casi tres años, desde mayo de 2014 hasta 2017, Salazar fue el único salvadoreño designado dentro de la Ley de Cabecillas de Cárteles del gobierno de los Estados Unidos, debido a que información manejada sobre las actividades comerciales del empresario, llevó a Washington a considerar que él tenía un papel preponderante en el tráfico internacional de drogas.
Foto D1.
Pese a la designación, Salazar vio cómo su emporio empresarial crecía sin que las autoridades gubernamentales y judiciales le pusieran reparo. El hombre, quien cambiaba colones por quetzales en el paso fronterizo Anguiatú con Guatemala a principios de los años 90, consolidaba cada vez más su fortuna, con una red de negocios que a cualquiera causaría extrañeza.
Chepe Diablo mantuvo un perfil bajo en los últimos años, luego que tiempo atrás se daba hasta el lujo de adornar páginas de periódicos, sacándose fotografías con prominentes políticos y representantes de grupos empresariales poderosos en el país.
Pero todo cambió el pasado martes 4 de abril, cuando en un amplio operativo, la Policía Nacional Civil (PNC) lo capturó a la salida de una casa de campo a las orillas del Lago Coatepeque. La Fiscalía General de la República lo acusó de lavado de dinero, junto a su hija, su exesposa y la excónyugue del alcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa.
Tres días después de la captura y luego que las autoridades dieran cuenta de la dimensión de los ilícitos que se habrían cometido mediante las empresas de Salazar Umaña y su núcleo familiar, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense, decidió actualizar su lista Kingpin y retirar el nombre del metapaneco de la misma.
A través de un comunicado emitido por la embajada estadounidense acreditada en El Salvador, la revisión se dio luego que el Departamento del Tesoro recopilara más información, que le llevó a la conclusión de que Salazar Umaña había dejado de jugar un papel continuado en el tráfico internacional de narcóticos.
No obstante, un alto personero de las agencias de seguridad de los Estados Unidos aclaró a Diario 1 que la remoción de la lista Kingpin de Chepe Diablo en ningún momento significa que Chepe y sus cómplices no sean en un futuro enjuiciados en Estados Unidos y amplió que la exclusión es producto de que durante el periodo de Luis Martínez como Fiscal General, el designado y sus asociados contrataron un bufete muy poderoso en estos temas en Washington DC, el cual negoció con OFAC la remoción, tomando como base el hecho que el Fiscal Luis Martínez les extendiera cartas diciendo que en la Fiscalía no tenían investigación alguna ni evidencia en su contra, lo cual evidentemente no era cierto.
El fiscal general Douglas Meléndez ha manifestado en varias ocasiones que Luis Martínez tuvo la información suficiente para procesar a Salazar y su núcleo familiar por lavado de dinero, pero solo procedió contra él por el delito de evasión fiscal.
Asimismo, sostuvo que cuando llegó a la Fiscalía la investigación contra Salazar había sido engavetada por Martínez. El exfiscal se encuentra apresado en el penal de Mariona, acusado de omitir investigar a otra persona, en este caso el empresario Enrique Raís, quien habría beneficiado a Martínez con dádivas, a cambio de crear procesos penales que afectaran a sus enemigos.