La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, declaró este viernes no ha lugar la responsabilidad civil por enriquecimiento ilícito contra el diputado Reynaldo Cardoza del PCN, por un mono superior a $800,000. Dicha decisión será apelada por la Fiscalía General de la República (FGR), según adelantó el fiscal del caso, Héctor Martínez.
“Nos sorprende la decisión (…) Debemos esperar que se redacte la sentencia, para conocer los elementos precisos de la misma y luego tenemos cinco días para analizar la resolución y presentar apelación ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ)”, sostuvo el fiscal.
De acuerdo con el Ministerio Público, basándose en el examen patrimonial de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Cardoza y su esposa, Alma De López no habían podido justificar un incremento patrimonial combinado de $1,3 millones, no obstante, solo a la conyugue del legislador se le encontró responsabilidad de enriquecimiento ilícito, por un monto de $78,000.
Para Héctor Martínez, pese a que los López Gutiérrez están casados en régimen de bienes separados, esto no justifica que solo una de las partes del caso sea responsable y la otra no: “Llama la atención que si él es el funcionario y él es obligado por la Ley a rendir su patrimonio de forma adecuada, se le condene a ella, quien es la particular”.
Además dijo que esperarán a estudiar la resolución, para evaluar posibles violaciones a la Ley a la hora de entregar el fallo, el que además cuestionó, por presuntamente no tomar en cuenta todos los elementos en el peritaje: “No podía valorarse de forma automática un peritaje. Un peritaje no solo s determina por las cantidades que aparecen ahí, sino que mediante otros elementos que el mismo peritaje brinda”.
Para el peritaje de bienes del diputado, se tomaron en cuenta solo cuatro de doce propiedades congeladas en su momento por orden judicial. Desde que empezó la audiencia probatoria el pasado lunes, la Fiscalía dejó en claro que el juicio abarcaba desde el año 2009 a 2015.
Los reparos que fueron encontrados por la Cámara en el patrimonio de Alma Gutiérrez, son según el abogado del diputado Cardoza, Edgardo Acosta Oertel, producto de remesas enviadas por su hermana residente en Estados Unidos, enviados mediante un encomendero, de los cuales no existieron constancias legales.
Los bienes congelados al diputado Cardoza, pasarán a un juzgado especializado de extinción de dominio, para que se determine el paso a seguir.
Pese a que al diputado no se le encontró responsabilidad civil en el juicio, la Cámara librará certificación de la sentencia a la CSJ a efecto que, de considerarlo pertinente, imponga a López Cardoza la multa a la que se refiere el artículo 10 de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos (LEIFEP). Igualmente librará oficio al Tribunal de ética Gubernamental, a fin de que investigue las probables infracciones establecidas en la Ley de Ética Gubernamental, por parte del diputado López Cardoza.
Las magistradas también librarán oficio al Tribunal Supremo Electora, a fin que investigue si se ha hecho un uso adecuado de los fondos entregados en concepto de deuda política al demandado.
Según lo establecido en la pericia financiera contable, el diputado obtuvo en seis años salarios por $171, 051.66, viáticos por $142, 862, gastos de representación por $67, 886.74, otras prestaciones por $50, 050.68. Mientras que en concepto de deuda política recibió $256, 207.75 y $65, 828.88 en gastos de transporte y comunicaciones. Esta última cantidad no fue considerada como parte de su patrimonio.
Aunado a lo anterior se comprobó que obtuvo otros ingresos por venta de vehículos, aceptación de herencia y arrendamientos que le permitieron realizar mejoras en inmuebles de su propiedad, estos ingresos no fueron desvirtuados por la prueba presentada por la Fiscalía.
Diario1 cuestionó al fiscal Héctor Martínez por una observación realizada el lunes, respecto a que si los registros de unos préstamos otorgados a los hijos del exdiputado suplente Wilver Rivera Monge, podrían constituir un indicio de lavado de dinero, el fiscal se limitó a decir que esto se deberá dilucidar en una instancia distinta a la civil.
En ese sentido, se le preguntó si todavía se está contemplando un proceso penal contra Cárdoza, el fiscal Martínez señaló que de momento, no podría adelantar tal idea.
El lunes, el fiscal Héctor Martínez insistió que una demanda penal contra Cardoza sigue en pie y no descartan que esta sea la próxima fase del proceso judicial contra el legislador.
Los beneficiarios de los supuestos préstamos, estableció Martínez, serían los hijos del exdiputado suplente Wilver Rivera Monge, condenado a 10 años de cárcel por lavar dinero para estructuras de narcotráfico.
“Él (Cardoza) simulaba que daba mutuos hipotecarios, cuando el perito estableció que no consta de donde salió el monto, ni consta que de verdad se haya dado el préstamo”, indicó el fiscal.
El 3 de noviembre de 2015, el entonces fiscal general, Luis Martínez, anunció el inicio de una investigación contra Cardoza por lavado de dinero.
“En cuanto a la investigación de lavado se están desarrollando las investigaciones respectivas”, respondió cuando los periodistas le cuestionaron sobre cómo avanzaba la investigación contra el legislador pecenista.
En los últimos años, el PCN, el que fuese el partido que respaldó los presidentes militares durante los años 60 y 70, se ha rodeado de una serie de personajes cuestionables por sus vínculos con el narcotráfico y otros ilícitos. Tal es el caso de los exdiputados suplentes Roberto Silva Pereira y Wilver Rivera Monge, ambos condenados por nexos con grupos de narcotráfico.
De igual forma alberga en sus filas al alcalde de Metapán desde 2006, Juan Samayoa, que además está vinculado con el Cártel de Texis, una organización de narcotráfico que opera en el noroccidente del país.
Wilver Rivera Monge fue detenido en 2014 acusado de tener vínculos comerciales con el narcotraficante Jorge Ulloa Sibrián “El Repollo”, condenado en noviembre de 2014 a 77 años de cárcel por los delitos de tráfico ilícito, almacenamiento, tráfico internacional; así como conspiración y proposición para delitos relacionados con la droga.
Vínculos con Cártel de Texis
Al diputado Cardoza también se le vincula desde hace tiempo con estructuras del narcotráfico, específicamente con el Cártel de Texis, agrupación delictiva que al parecer apoya las campañas de políticos del PCN.
De acuerdo con la Fiscalía, el ex diputado suplente de Cardoza, Wilver Rivera Monge, a través de algunos miembros de su familia, se dedicaba a lavar bienes de los delitos de Ulloa Sibrián “El Repollo”. Además lo acusó de no justificar el ingreso de 7 millones de dólares a sus cuentas bancarias, tampoco 41 propiedades y una gran cantidad de vehículos a su nombre.
Un informante de este y otros procesos legales, quien prefirió el anonimato, reveló a Diario1 que Rivera Monge tenía un autolote en la prolongación de la alameda Juan Pablo II. El informante señala que algunos vehículos que se vendían y compraban tenían como destino el Cártel de Texis y políticos como Manuel Rodríguez, del PCN.
Los vínculos entre Rivera Monge y esta organización de narcotráfico que opera en el noroccidente del país son tales, que según este mismo informante, el exdiputado habría participado en una reunión el 11 de noviembre de 2013, en el rancho Salinitas, en el departamento de Sonsonate, en la que habrían participado el alcalde de Metapán, Juan Samayoa; el asistente del despacho del a Fiscalía, Rodolfo Delgado y Wilfredo Guerra, presidente de Gumarsal.
En la misma se habrían discutido estrategias para favorecer electoralmente al PCN y la movilización de cargamentos de droga; además se habría fraguado un atentado contra Jorge Ulloa Sibrián “El Repollo”, un comerciante condenado a 77 años de cárcel por delitos de narcotráfico.
Junto al alcalde Juan Samayoa y Reynaldo Cardoza (diputado del PCN), el fiscal Delgado le habría tendido una trampa a Wilver Rivera Monge, quien era el encargado de lavar parte del dinero del Cártel de Texis y de “El Repollo”. Aparentemente Rivera Monge fue procesado porque se negó a participar en el atentado contra el mencionado empresario.
De acuerdo con la Fiscalía, Rivera Monge a través de algunos miembros de su familia, se dedicaba a lavar bienes de los delitos de Ulloa Sibrián “El Repollo”. Además lo acusó de no justificar el ingreso de 7 millones de dólares a sus cuentas bancarias, tampoco 41 propiedades y una gran cantidad de vehículos a su nombre.