La Fiscalía General de la República demandó formalmente este viernes al expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Agustín García Calderón, en un proceso civil por supuesto enriquecimiento ilícito.
Elementos de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía presentaron cajas con evidencia en la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador, en donde buscarán probar inconsistencias en el patrimonio de Calderón y su esposa por $193,000.
Esta Cámara lleva otros procesos prominentes contra exfuncionarios, como el expresidente Elías Antonio Saca y su secretario privado, Elmer Charlaix.
En febrero pasado, la Corte Suprema de Justicia autorizó el juicio de enriquecimiento ilícito contra Calderón, a la vez que pidió el congelamiento de cuentas bancarias a su nombre y la anotación preventiva de vehículos y bienes inmuebles.
En esa ocasión, la Corte Plena detalló las irregularidades encontradas en la declaración de probidad de García Calderón. Entre los que se encontraron, sustanciales movimientos bancarios durante sus nueve años de gestión, especialmente en los años 2000, 2001, 2002, 2003 y 2009; de la misma forma se detectaron movimientos en cuentas, posterior al cese de gestiones de Calderón.
Asimismo, se detectó en 2010 una compra de vehículos que era incongruente con los ingresos del expresidente del Órgano Judicial. Otra irregularidad encontrada en el expediente de Calderón, la cual no fue agregada al reporte recibido por Corte Plena, fue una bonificación por retiro voluntario de la carrera judicial, la cual asciende a más de $28,000.
A García Calderón también se le señala por obstaculizar investigaciones de corrupción durante su período.
En 2005, cuando la Probidad disponía a indagar presuntas irregularidades de exfuncionarios del gobierno de Francisco Flores (1999-2004), los magistrados de Corte Plena, la cual presidía García Calderón, decidieron engavetar dichas investigaciones y quitarle facultades a la instancia de Probidad para solicitar información en el sistema financiero, catalogada como “secreto bancario”.
Casi nueve años después de ese hecho, en el 2014 para ser más exactos, Corte Plena restituyó las facultades a Probidad. Para el año 2005, esta instancia era dirigida por José Eduardo “Pino” Cáceres y su asistente era Carlos Pineda, su actual director, y quien asumió como una de sus tareas, realizar el examen de la declaración patrimonial de Agustín García Calderón.